El juicio por estos hechos ya se suspendía el pasado martes por la incomparecencia del abogado del político, que el día anterior pretendía que la juez lo supendiera, sin éxito, alegando que tenía un señalamiento previo, y este jueves ocurría lo mismo tras recibir ahora la juez un escrito del procurador del presidente de la Diputación de Ourense en el que volvía a reclamar la suspensión de la vista señalada y manifestaba su voluntad de no comparecer en el día de hoy. Así consta en la comunicación remitida por el TSJ de Castilla y León, en la que se indica que "el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria ha recibido un nuevo escrito por parte del procurador del presidente de la Diputación de Orense solicitando la suspensión de la vista señalada y manifestando su voluntad de no comparecer en el día de hoy. Por tanto, el juicio rápido previsto no ha podido celebrarse". Afirmación tras la que el escrito abre la puerta a posibles sanciones: "El Juzgado volverá a efectuar un nuevo señalamiento, reservándose la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan".
Lo que se esconde detrás de las reiteradas ausencias ante el Juzgado del presidente de la Diputación de Ourense es la intención de Manuel Baltar de dilatar la actuación judicial hasta después de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Y parece que, por ahora, el dirigente, que al más puro estilo caciquil heredaba el cargo de su padre tanto al frente del PP de Ourense por el de la Diputación ourensana, va consiguiendo su objetivo de no sentars en el banquillo, tras ser 'cazado' a 215 por hora en la autovía A-62.
Finalmente, y tras dos suspensiones, el presidente de la Diputación de Orense comparecía telemática y rechazaba haber incurrido en un delito de seguridad vial. Razón por la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria enviará al Juzgado de lo Penal de Zamora el procedimiento contra Manuel Baltar para su enjuiciamiento el próximo día 31 de mayo, a las 10.00 horas, según informaron fuentes del Tribuna Superior de Justicia de Castilla y León.
"El presidente de la Diputación de Orense no se ha conformado con el escrito de acusación ni con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y, por tanto, no se ha podido dictar sentencia de conformidad", precisan desde el TSJ de Castilla y León. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria abrió diligencias por un delito contra la Seguridad Vial, en las que el responsable de la Institución provincial orensana figura como investigado, después de ser detectado el pasado día 23 de abril circulando a 215 kilómetros por hora por la A-52, a la altura del término municipal de Asturianos, en un tramo en el que la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora.
El dirigente popular era multado con 600 euros, 300 por pronto pago, y le retiraban seis puntos del carné de conducir, si bien a la vía administrativa se suma ahora la penal al haber excedido, presuntamente, en 84 kilómetros el límite de la vía, tal y como establece el atestado de la Guardia Civil, que aplica un margen de error del 5 por ciento en este caso al haber sido 'pillado' Baltar en el coche oficial por un radar fijo.
El artículo 379 señala que el delito contra la seguridad vial está castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.
Días después de lo ocurrido, Manuel Baltar, al frente de la Diputación ourensana desde 2012, pedía disculpas y lo atribuía, según Europa Press, a "un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo" y aseguró ser la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para él, "derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, adecuada".
Hasta el momento su propio partido, a través de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evitado avanzar si le serán exigidas responsabilidades políticas en caso de resultar condenado por un delito contra la seguridad vial debido a su exceso de velocidad, y todo ello tras abogar por no adelantarse a "ninguna decisión judicial" y para evitar hacer "juicios paralelos".
En el lado opuesto se han posicionado, entre otros, distintos dirigentes políticos ourensanos, como el portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, quien una vez reconocido que la vía política por la multa al presidente provincial está "agotada", una vez que sus "jefes" lo avalan y no le instan a dimitir, advierte de que los socialistas "no van a parar aquí" y avanzó que lo "intentarán" en la vía judicial por el uso del parque móvil de la institución provincial para fines particulares.
En la misma línea se manifestó el portavoz del BNG, Bernardo Varela, quien lamentó que "hay un uso espurio" de un vehículo público por parte del presidente en lo que calificó como "un síntoma de cómo se maneja esta provincia con un presidente que entiende que el Pazo Provincial es su cortejo privado".
Hasta la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se hizo eco de lo ocurrido durante una visita a Ourense para apoyar al candidato de la formación morada, Toño Naval, que lidera la candidatura de confluencia en la ciudad para la cita electoral del 28 de mayo, al apuntar que "hay cientos de razones para sacar a Baltar de las instituciones".
