Una residencia prometida que vuelve al punto inicial
El consistorio de Puebla de Sanabria sufre un varapalo judicial por no tramitar el Plan Parcial ligado al Centro de Mayores ideado en 2006
Parcelas donde se pretendía ubicar el Centro de Mayores en Puebla de Sanabria.- E.M.
Dieciséis años han pasado de la firma del convenio entre el Ayuntamiento zamorano de Puebla de Sanabria, gobernado por el PSOE, y la empresa Rúa Nova Delta Tres S.L.U. para la construcción de un Centro de Servicios de la Tercera Edad . Pero los años fueron pasando y ese servicio no se llegaría a prestar en un pueblo cuya población cada vez está más envejecida, y el padrón cada vez más menguante.
Durante varios años nadie pareció preocuparse por este incumplimiento, hasta que el Grupo Popular, al llegar a la oposición en 2019, hizo una consulta para conocer la situación de esta zona , ya que en otro terreno, el conocido como SAU-1-1 se hicieron 56 viviendas. «Nosotros pedimos un informe a la secretaría y siempre decían que si la crisis económica, quiebras… siempre mentiras» alega Gustavo Alonso, portavoz del PP municipal.
Tras varios informes y la posterior reclamación , la sentencia adujo que «quien no cumplió fue el ayuntamiento. En un plan parcial había que hacer los trámites, y llevaban 15 años con él metido en el cajón. No les interesaba. Para las viviendas sí hicieron todas las modificaciones urbanísticas, pero para la residencia no», afirma Alonso que denuncia el oscurantismo al «no poder ver el expediente completo».
En 2020 el consistorio puso una demanda, en un juzgado de Pozuelo de Alarcón al considerar que había un incumplimiento y solicitaban que «se declarase el retorno de la propiedad objeto del contrato, y que se condenase a la demandada a abonar 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios, si bien la demandante debería devolver el precio de 55.000 euros inicialmente abonado por la demandada, junto con los intereses legales». Un intento del Ayuntamiento de recuperar unos terrenos en el denominado SAU 1-2 que la entidad urbanizó, pero sin avanzar ningún trámite más.
Según la sentencia el Ayuntamiento se obligaba a modificar puntualmente el Plan Parcial y el Proyecto de Actuación para incluir modificaciones como la supresión de una de las rotondas inicialmente previstas, y la subdivisión del Sector en dos unidades de actuación. Alegando la entidad que el Ayuntamiento no modificó el Plan impidiendo su actuación tramitar y ejecutar el proyecto de edificación.
El PP ha pedido la dimisión del alcalde José Fernández «no solo por la pérdida de tiempo, y el carácter social del proyecto. Sino por lo económico para un Ayuntamiento que tiene un millón de presupuesto este pago de las costas es garrafal», indica Alonso Chimeno que confirma que la sentencia no se va a recurrir.
Ahora, pandemia mediante, afirma que ha quedado demostrada la necesidad del proyecto que planteaba 300 plazas, y generar entre 30 o 50 puestos de trabajo. Por eso pide al equipo de gobierno de Puebla que «haga el trámite, y todo entre en vigor para que el promotor pueda solicitar la licencia y obtener la financiación de los bancos», y se gestionecon solvencia el centro.
El tiempo no volverá, pero los vecinos de Puebla podrían estar más cerca de ver como un proyecto frustrado se convierte en una realidad.