Los veterinarios arremeten contra la nueva Ley de Sanidad Animal de Castilla y León

Los veterinarios de Castilla y León han mostrado su "descontento" por la reforma de la Ley de Sanidad Animal impulsada en la Comunidad, porque consideran que "liberaliza el saneamiento ganadero y carga responsabilidades sobre el veterinario". En una nota de prensa enviada a los medios tras la reunión mantenida ayer con representantes de la Junta, el Colegio de Veterinarios razona que si lo que persigue la Administración es tener más garantías de calidad, independencia y rapidez, lo que deberían hacer es aumentar el personal oficial y vigilar las incompatibilidades y conflictos de intereses. 

Sin embargo, critican, han aprobado "la posibilidad de que quien quiera y pueda pagarlo contrate directamente a sus veterinarios previamente habilitados por la Consejería para hacer su saneamiento", mientras que hasta ahora el funcionamiento era diferente. "Hasta ahora la Administración, con sus veterinarios oficiales, realizaba directamente el 50% del saneamiento ganadero ante la tuberculosis. El otro 50% lo delegaba en una empresa contratada, para que sus veterinarios ejerciesen esa función, alternando cada año las explotaciones. Nos informaban de que era para un mejor control oficial", y consideran que con el cambio normativo esto no ocurre. 

El Consejo autonómico de veterinarios, añaden los veterinarios en el comunicado enviado a los medios, "pone el foco en la vaguedad de la nueva normativa, que obliga a estos veterinarios a hacer una declaración de no incurrir en conflicto de intereses, cargando responsabilidades en el veterinario por cada explotación que sanee y sin detallar hasta dónde llega este ‘conflicto de intereses’ ni quién lo controlará". 

En su argumentación, recuerdan que, según el reglamento de la Unión Europea, se considera que hay conflicto de intereses "cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal", señalaron en palabras del presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez, que estuvo acompañado en la reunión de este lunes por miembros del consejo autonómico.  

En este sentido, Díez reprocha que con el sistema anterior "la presión era sobre la Administración y sobre la empresa contratada", mientras que ahora "pasa a ser sobre el veterinario privado a título individual y sin saber hasta dónde llega el 'motivo indirecto de interés personal'", pues entienden que "la distinta tipología de asociaciones existentes que van a contratar veterinarios puede esconder la relación con el titular de la explotación a través de un contrato directamente con la asociación". 

Los veterinarios de Castilla y León exigen, además, que por el bien de la Sanidad Animal, la Salud Pública y el buen hacer profesional de los veterinarios de ejercicio profesional libre "se vigile el cumplimiento del ‘no conflicto de intereses’, dejando claro en las instrucciones que se dicten para realizar el saneamiento el alcance del mismo y que esas instrucciones sean públicas, para que los veterinarios puedan tener claro si corresponde firmar la declaración de conflicto de interés o no".