El cabecilla de la Perla Negra culpa ahora al fallecido Villanueva: "Dio la orden de no negociar la compra hasta que no concluyeran las obras"

El exviceconsjero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal acusado en el ‘caso de la Perla Negra’ que estos días se juzga en la Audiencia Provincial de Valladolid, insistió en su declaración de este miércoles que todas las órdenes relativas al alquiler y compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, así como la adquisición de los terrenos de Portillo para la construcción del malogrado polígono industrial, fueron dadas por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, fallecido hace casi 7 años, en septiembre de 2017.

En una declaración que se prolongó por espacio de casi dos horas, Delgado aseguró que no tuvo ninguna relación con los administradores de Urban Proyecta, empresa propietaria del edificio de Arroyo, ni tampoco con los de Unifica, mercantil que se encargó de realizar las divisiones y la adecuación del edificio en función, según explicó el acusado, de las peticiones de los responsables de los servicios centrales, de ADE y del resto de empresas públicas dependientes de la Consejería de Economía y Empleo que se iban a trasladar, informa Ical.

A su vez, explicó que desde 2003 la Junta venía buscando un edificio con unos 10.000 metros cuadrados de oficinas para unificar las sedes de la Consejería de Economía y que tras dos años de una búsqueda “infructuosa” se decidió por el edificio de Arroyo. Además, matizó que el propio Villanueva fue el que dio la orden de que no se negociara la compra del edificio hasta que las obras no hubieran concluido.

En este sentido, puntualizó que la decisión se aceleró después de que la Consejería de Hacienda detectara que Urban Proyecta estaba intentado vender el edificio, a la vez que insistió que en todo ese proceso Gesturcal se utilizó por parte de las consejerías de Hacienda y Economía como una sociedad instrumental para llevar a cabo la operación.

Al mismo tiempo, defendió la viabilidad de la operación, tanto por el pago final de 56 millones de euros, dos millones menos que lo establecido en las tasaciones, como por la realización de las obras de adecuación, “dado que hubieran tenido un mayor coste una vez entregado el edificio”, a la vez que indicó que el pago de 4,5 millones de euros a Unifica por los costes de financiación fue ordenado por Villanueva.

Además, en preguntas de su propio abogado, Delgado indicó que tanto el convenio marco del polígono de Portillo, como la promesa de compraventa, fueron documentos elaborados directamente por el bufete de abogados Garrigues por el mandato directo de Villanueva y supervisados y controlados directamente por él.