El infierno del Zambrana: agresiones, motines y 21 educadores de baja

No saben si hoy toca escupitajo, puñetazo o una amenaza de muerte a ellos o a sus seres queridos, aunque siempre puede haber nuevas variantes para alimentar un ‘motín’ cotidiano. Acuden a trabajar con una tensión que no les abandona incluso cuando acaba su turno. Dicen que ese lugar en el que algunos llevan más de 20 años se ha tornado en «un infierno» en el que reciben una dosis de «tortura y vejaciones continuas». Las agresiones de internos al personal del centro de menores Zambrana de Valladolid se han multiplicado y convertido «en algo lamentablemente frecuente», según denuncian los educadores sociales. Sólo este marzo contabilizan seis: seis veces en las que un trabajador fue agredido. Intentos de motín a ladrillazos, golpes, insultos... «¡Nos vejan y nadie nos protege, nos sentimos indefensos!».

- ¿Tenéis miedo?

- Sí (Responden inmediatamente los tres entrevistados al unísono y con similar gesto de pesar).

Tres educadores sociales del centro de menores Zambrana, un hombre y dos mujeres, una de ellas actualmente de baja, relatan a este periódico una retahíla de episodios de violencia que han mermado el equipo hasta convertir a cada uno de ellos en un ‘solo ante el peligro’. «Permanecen de baja 21 educadores sociales, de alrededor de 50 con contrato fijo del Zambrana, 102 si se suman los eventuales, todos los casos menos uno por ansiedad o estrés», señalan los trabajadores. «La situación es insostenible, ir a trabajar nos supone un gran sufrimiento», coinciden los educadores Lucía, Noelia y José, llamados con estos nombres ficticios para este reportaje con el fin de preservar su anonimato y no ante el temor de la reacción de la empresa de la que dependen: «Tengo hijos y para que no les pase nada», aclara Lucía, dando cuenta de la gravedad de lo que relata.

«Yo aguanto, me digo que no van a poder conmigo, pero cuando llega la noche me tengo que tomar mis dos pastillas para dormir. El que no está de baja está medicado con antidepresivos o ansiolíticos. Y aunque estudié mi carrera para dedicarme a ella, he barajado con mi familia buscar curro en un supermercado. Esto no hay quien lo aguante», comenta José, uno de los veteranos.

Sólo el año pasado «se produjeron más de 800 incidencias», indica Lucía, que detalla que «no todas llevan aparejadas agresiones», si no que incluyen cualquier alteración del orden, y «más de la mitad no suelen suponer expediente sancionador», precisa.

Desde la Consejería de Familia, con los datos a fecha de finales de noviembre del 2023, informan de que en ese ejercicio se tramitaron 292 expedientes, donde se imputaron 113 faltas muy graves. De ellos, «casi la mitad les corresponde a 10 menores, y 3 de esos internos acumulan 62 expedientes». Uno de los tres pasó a prisión cuando fue mayor de edad.

La plantilla muestra «fatiga y agotamiento mental» hasta extremos antes desconocidos por ellos. «Estamos desmoronados. Nos hemos convertido en un saco de boxeo, cada poco agreden a uno. Es un machaque continuo», indican, antes de comenzar a enumerar sucesos recientes: «Un interno cogió un cúter y se lo puso a un trabajador en el cuello. Porque él no quiso ir más allá, pero podía haber sucedido lo peor», citan sólo como un ejemplo más quienes llevan puesta una camiseta bajo el lema ‘Zambrana en lucha’: «Nos dicen con impunidad absoluta cosas como ‘Voy a matar a tu hijo’, ‘te voy a asesinar’, ‘cómo te pille por la calle’... Y estamos sin opciones para reaccionar».

El Zambrana está integrado por dos centros, uno para ejecución de medidas judiciales y otro para menores con problemas de conducta. Cierto que resulta imposible que en un centro de internamiento no se den incidentes, pero el comienzo de la debacle actual tiene una fecha de origen para la plantilla. Estos educadores denuncian que desde hace un par de años han perdido autoridad, ya que entienden que los actos de los menores «no tienen consecuencias inmediatas que permitan que se pueda corregir esa actitud». «Justo desde que el nuevo director cambió la metodología de funcionamiento», apostillan.

Con evidente rabia porque la violencia «sin consecuencias» aplaste su vocación, exponen que hay algunos factores determinantes que han empeorado la convivencia dentro de un centro de menores en el que aseguran que no tienen respiro, ni se dan las condiciones de seguridad para desempeñar la que debería ser su labor. «Tendríamos que poder atender a los menores con más tiempo, mejor, centrarnos en su reeducación y no en sobrevivir entre la carga de trabajo y las vejaciones», opinan.

El punto de inflexión lo sitúan en «la muerte fortuita» de un interno, un chico de 14 años, tras la que se aplicó –cuentan– un nuevo método educativo, que se juntó en el tiempo con la «masificación». Aseguran que en la actualidad «hay 58 internos, más otros 12 fugados que podrían volver».

El inicio de la escalada de violencia se remonta, a su juicio, a la muerte del adolescente «durante una intervención de los vigilantes de seguridad tras una contención» en marzo de 2022. «El juzgado archivó la investigación del joven al concluir que fue una muerte natural por su estado de salud», aclaran. «Pero a partir de ese momento se precipitó todo. Para cubrirse las espaldas, el nuevo director del centro cambió la metodología», arguyen, aunque reconocen que este cambio se enmarca dentro de la normativa vigente. «Amparándose en una ley (08/2021 de 4 de junio), la dirección comenzó a impulsar un nuevo sistema educativo basado en un modelo cognitivo conductual de carácter dialéctico. Y eso está bien como teoría, pero hay veces que con el diálogo sólo no sirve. Somos pocos, necesitamos que cuando se produce una agresión o un incidente podamos como antes, por ejemplo, apartar al menor para que reflexione, dejarle sin ocio... Ahora sólo tenemos el diálogo y no siempre es suficiente. Además, cuando la dirección del centro sanciona hasta que le repercute al sancionado pasan semanas desde que se comete el acto y así estamos perdidos. Incluso a veces cumplen el tiempo de internamiento antes y se van sin que se les haya impuesto la sanción. No tenemos nada que hacer».

La cronología que narran a partir de esa modificación está repleta de hechos que podrían encabezar cualquier página de sucesos. Explican que da igual el mes de los últimos tres años que se ponga de ejemplo, porque casi seguro que hubo una agresión, verbal o física, o de ambos tipos.

«En 2022 comienzan a no cubrirse las bajas laborales por parte de la empresa francesa Clariane, la adjudicataria, y a faltar personal, tónica que se mantiene hoy. También se incrementa la problemática y la conflictividad a medida que se implementa el nuevo sistema para todo el centro ya en 2023, a pesar de que se veía los problemas que ocasionaba y que aumentaban los incidentes tanto en frecuencia como en intensidad», apuntan. Y las incidencias en el Zambrana comienzan a aparecer periódicamente en medios de comunicación con el mismo motivo: agresiones. Una conflictividad que repercute en el día a día de quienes trabajan allí. «Nos lo llevamos. El día libre lo pasas pensando en qué te encontrarás a la vuelta», confiesa Noelia.

Como cuando a mediados de marzo del año pasado una interna escupió a una educadora en una unidad y en otra, además, «intentó contagiar de Covid a la educadora tosiéndole en la cara continuamente». «Esa misma semana una interna tira una piedra al personal de seguridad en el taller de jardinería» y a los pocos días una menor «propina varios puñetazos en la cara a un vigilante de seguridad, mientras los botones antipánico no funcionan y el teléfono no tiene cobertura en la zona de habitaciones». Esto sucedió en marzo de 2023, en el de 2024 se registraron 6 agresiones. Una menor dio patadas a una educadora a la que previamente había escupido y amenazado. «Voy a matar a tu hijo, me oyes, lo voy asesinar», le espetó.

Pero no sólo el personal sufre la violencia. De hecho, las primeras víctimas son los menores que caen en manos de sus compañeros más agresivos sin contar con el auxilio efectivo de un adulto. Por ejemplo, el pasado junio en dos semanas hubo una «agresión grave entre internas y la agresión a un educador de la unidad» y un intento de motín. «La tensión y la situación es complicadísima y nadie nos ampara. Tenemos que ir individualmente a denunciar al juzgado y algunos lo hacen, pero otros prefieren no hacerlo por temor», cuentan estos tres educadores.

«Los menores salen también perjudicados. Alguno tiene miedo y estamos ahí para protegerlos porque si no otros les pueden hacer algo. Es muy difícil porque cada vez podemos llegar a menos y el que entre por algo leve puede descubrir una parte más oscura y salir peor», advierte José.

Antaño uno podría creer que los muros del Zambrana servían para aminorar la violencia en las calles. Eran otros tiempos. Ahora sus puertas sirven también para marcar objetivos de nuevos amos de esas calles. En julio del año pasado se produjo «el apuñalamiento de un interno en el exterior por temas de bandas latinas». La respuesta de la dirección de nuevo contrarió a los trabajadores y lo ilustran con dos hechos: «Quedó establecido que los educadores acompañaran a los menores en todas las actividades al exterior, como ir al médico», enuncian. «Nos opusimos. Así se quedan más solos todavía los compañeros en el centro, pero no nos escucharon».

A los pocos meses, en octubre, se produjo un incidente que desmontó el método ‘guardaespaldas’: una educadora y un menor tuvieron que «salir corriendo a resguardarse» para evitar que «cuatro chicos de una banda rival les agredieran».

Como resultado añadido este cóctel de penurias el personal huye: «Nadie quiere trabajar aquí. Te sueltan a los leones. Se ha normalizado la falta de educación en ciertos turnos y, claro, falta personal, todo agrava más la vida en el Zambrana e ir a trabajar se ha convertido para muchos en algo terrible. De los que hay de baja, algunos no van a volver y eso que son veteranos, pero esto no se puede soportar, te mina y te hunde», comentan.

La Consejería de Familia, a través de su departamento de Comunicación, proporciona a este diario la hoja de ruta que va a seguir para abordar tan delicada situación. La primera y más acuciante consiste en «la revisión de las prescripciones del contrato, por lo que el vigente no se prorrogará una vez que llegue el mes de junio, fecha prevista para su vencimiento».

Tres meses restan para esta fecha y los educadores sociales ven esos 90 días como una eternidad. «Es mucho tiempo para seguir sin que nada cambie y seguir teniendo que acudir a trabajar en estas pésimas condiciones», valoran Lucía, José y Noelia.

La Junta mantiene que en el nuevo contrato «se incrementará el número de profesionales y retomarán las jornadas de ocho horas, dando cumplimiento a la demanda de los trabajadores». «Igualmente se van a incluir previsiones que permitan un aumento de plantilla asociado al aumentos de menores en el centro o a situaciones de mayor conflictividad».

Para no caer en los mismos fallos que han desembocado en una situación «insostenible, agónica y dolorosa», según refiere el personal, Familia «establecerá cláusulas para que todas las sustituciones se hagan con contratos a tiempo completo y evitar contrataciones a tiempo parcial».

Estas medidas atienden parte de las demandas de la plantilla, pero el personal reclama mucho más: «Que haya más personal y recuperar la autoridad los equipos educativos, que cuenten con nosotros a la hora de organizar el centro, no basarlo en indicaciones teóricas porque los que estamos ahí somos nosotros. Turnos más cortos, cuidar al personal y determinar más claramente cuáles son nuestras funciones. No sólo educativas porque ahora somos el ‘chico para todo’. Servimos la comida, hacemos de sanitarios, organizamos, acompañamos al médico o a trámites, rellenamos muchísimo papeleo...».

También demandan inversiones en infraestructuras, en material para las actividades, para que el entorno resulte más favorable. Muestran fotografías de paredes con desconchones, poyatas repletas de guijarros, y advierten de que con las propias baldosas del patio los chavales más conflictivos «pueden hacerse con un arma», como ha sucedido en alguna ocasión. El panorama, el que se ve y el que se siente, lo definen como «desolador».

Mientras los días avanzan, a estos educadores les gustaría volver atrás, a cuando ir a su puesto de trabajo «no suponía una agonía». «Estudié Educación Social sabiendo que quería trabajar en el Zambrana, y me gustaba. Era difícil, pero teníamos vocación. Ahora estoy de baja, el año pasado fue muy complicado», afirma Lucía, que no puede evitar romper a llorar. «A ver cómo nos recuperamos y qué secuelas nos deja esta situación».