Las multas a geriátricos aumentan tras la pandemia y suman 2,6 millones de euros en diez años en Castilla y León
Servicios Sociales ha sancionado al 30% desde 2014 / Recaudó 561.000 euros el año pasado y batirá el récord en 2023 / La mayor multa, 130.504 euros, fue en mayo a un centro de Valladolid
Imagen de archivo de una residencia de mayores . - ICAL
Una residencia privada del centro de Valladolid, Barras-Ramírez, fue multada el pasado mes de mayo con 130.504 euros, la cantidad más elevada impuesta en la última década a un centro de Castilla y León. Desde 2014, Servicios Sociales ha puesto 301 sanciones a 207 residencias (unas cuantas son reincidentes). Es decir, casi un tercio de las 700 existentes ha sido multada en estos diez años. Y juntas suman más de 2,6 millones de euros acumulados.
La evolución muestra un notable incremento de las sanciones después de la pandemia. La intensidad de la labor inspectora y la mayor gravedad de los incumplimientos detectados han elevado las multas cada ejercicio, tanto en número como en dinero recaudado.
El récord se batió el año pasado, en 2022, con más de 560.000 euros en 66 multas. Y es más que probable que en este 2023 se supere esa cantidad, porque sólo en los ocho primeros meses de este año la cifra ya supera los 544.000 euros con 42 multas, según la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El gráfico con la evolución anual revela el crecimiento de las infracciones detectadas desde 2014, cuando sólo se registraron nueve sanciones que conllevaron 24.300 euros a los titulares de los centros.
Hablamos de multas firmes en vía administrativa, que son los únicos datos que proporciona la Junta al entender que hacer públicos los expedientes que todavía están en tramitación dañaría de forma «injustificada» la imagen de las residencias señaladas. Eso supone que pueden pasar meses o saltar de un año a otro desde que se inicia un procedimiento sancionador hasta que se formula la propuesta de sanción y adquiere firmeza.
Multas en residencias en la última década.- E.M.
Los datos facilitados aluden así a centros a los que finalmente les ha llegado ‘la receta’, sin contar aquellos que hayan podido subsanar las deficiencias detectadas por la inspección a raíz de requerimientos previos. Pues bien, en los últimos diez años son 207 residencias de mayores las que han sido sancionadas. Siendo 700 el total de las existentes en Castilla y León, hablamos de que el 30% de los geriátricos (casi uno de cada tres) ha sido multado por algún incumplimiento de la normativa durante la última década.
Por provincias, Burgos y Valladolid acumulan las cuantías más elevadas en estos diez años, pero es León la que tiene un mayor porcentaje de centros incumplidores: casi dos de cada tres geriátricos leoneses tiene una mancha en su expediente.
León tiene 104 multas a 73 de sus 114 residencias, lo que representa el 64%. Le siguen Palencia, con 26 multas a 20 de sus 56 centros (el 36%); Soria, con 26 multas a doce de sus 35 centros (34%); Salamanca, con 49 sanciones firmes a 35 de sus 126 centros (28%); Valladolid, con 46 multas a 27 residencias de mayores sobre un total de 116 (23%); Burgos, con 23 multas a 22 de sus 97 centros (23%); Segovia, con nueve multas a siete de las 40 residencias existentes (18%); Zamora, con nueve multas a siete de sus 63 geriátricos (11%), y Ávila, donde las 9 multas en cuatro de sus 51 residencias representan el 8%.
En cuanto a los importes acumulados, Valladolid encabeza el listado, con 581.753 euros desde 2014, seguida de Burgos (541.128 euros), Salamanca (489.061), León (403.595), Soria (258.923), Palencia (187.087), Segovia (60.012), Zamora (58.508) y Ávila (42.005).
Las sanciones posibles a las residencias de mayores dimanan de dos normas. La mayoría de las multas de la última década (263 de las 301) son por incumplimientos de la ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León. Otras 45 aluden al articulado de la 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. Y hay siete multas por infracciones tipificadas en ambas normativas.
La más cuantiosa, como hemos dicho, es la impuesta el pasado mes de mayo al centro vallisoletano Barras-Ramírez, con 130.504 euros y el cierre definitivo de las instalaciones por seis infracciones de carácter muy grave y grave, de la ley 5/03. Entre otras negligencias, el centro carecía del personal mínimo (no llegaba a un tercio entre el personal técnico ni al 75% de los profesionales exigibles de atención directa). Además, mantenía las instalaciones en estado deficiente causando un perjuicio efectivo a los usuarios, limitaba los derechos de los residentes y se negó a facilitar la documentación requerida por los inspectores.
En la misma fecha, en mayo de este año, Servicios Sociales decretó el cierre definitivo de otro centro, la vivienda Colón, a la que impuso la segunda multa más cuantiosa de la década en Castilla y León: 100.004 euros, por casi las mismas infracciones que la residencia anterior. El artículo que conllevó mayor cuantía fue no llegar al 30% del personal técnico exigible, una deficiencia tipificada como muy grave.
Reincidente en Salamanca
Estos dos centros de Valladolid son los sancionados con las principales multas de la década, pero si sumamos las multas acumuladas por un mismo centro durante este periodo, la que ha tenido que hacer frente a una mayor cantidad es la residencia Cibeles en Villamayor (Salamanca), con seis multas repartidas en los años 2016, 2018, 2019 y 2023, que suman 171.007 euros. Las más graves, por falta de personal y medios necesarios, dejando a los usuarios en situación de abandono. El nombre de esta residencia saltó a los medios de comunicación el pasado mes de marzo cuando fueron detenidas dos responsables de la residencia por explotar laboralmente a trabajadoras de la limpieza, que captaban en Perú y mantenían «en condiciones de trabajo abusivas y en semiesclavitud», con condiciones de vida «infrahumanas» y «controlando sus condiciones de vida con libertad limitada», informó entonces Europa Press.
La residencia con mayor importe económico es la burgalesa Valle del Cuco, en Adrada de Haza. Este centro fue el primero en ser intervenido por la Junta al estallar la pandemia, en marzo de 2020, por riesgo de «desamparo» de los residentes. El juzgado sobreseyó en 2021 la causa penal pero en enero de 2022 Servicios Sociales le impuso una multa por 120.000 euros y la pérdida de acreditación del centro.
A continuación se sitúa Odón ALonso, en Soria, con 111.005 euros en tres sanciones. En sexto puesto, la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Burgos, con una multa de 90.000 euros. En la misma provincia, Nuestra Señora del Carmen ocupa el séptimo lugar con una sanción de 81.301 euros. Completan el top ten, las residencias de El Lago de Tera, en Soria, con cuatro sanciones que suman 72.002; Bellavista en Salamanca, por dos multas con un total de 66.002 euros, y Santamarta en Valladolid, por dos expedientes por 63.001 euros.
Por número de sanciones destaca El Jardín, en León , con diez multas, aunque de carácter más leve, al sumar 27.907 euros. Las sanciones firmes impuestas por infracción muy grave en el Boletín Oficial de Castilla y León mediante reseña de los hechos cometidos, del infractor y de la sanción impuesta.