Diez meses de cárcel para los ganaderos que asaltaron la sede de la Junta en Salamanca

El Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca condena a diez meses de prisión a cada uno de los ocho ganaderos encausados por el asalto a la sede de la Junta de Castilla y León en la ciudad charra, unos hechos ocurridos el 5 de junio de 2023 durante una concentración convocada por la denominada 'Plataforma en Unión por la Ganadería'. En una sentencia de conformidad dictada este miércoles, el juez les achaca delitos de desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y lesiones por los que, además de la citada pena de prisión, deberán abonar conjuntamente 18.199 euros en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Castilla y León, por los daños causados, a la Dirección General de Policía y a a nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En concepto de multa por daños en bienes públicos, deberán pagar 7.200 euros –900 cada uno–, y otros 480 –60 cada uno– por diez delitos leves de lesiones. Por último, les impone el pago de las costas. 

Al haber manifestado las partes su decisión de no recurrir, el juez declara que la sentenciase es firme. Por otro lado, concede la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a cada uno de los condenados por el plazo de dos años, con sometimiento a la condición de no delinquir durante ese mismo plazo. Al tratarse de una sentencia de conformidad por el procedimiento de diligencias urgentes y juicio rápido, el procedimiento no ha pasado por el Juzgado de lo Penal, al que se remitirá la causa para que sea registrada y se proceda a la continuación de la ejecutoria.

El fallo considera la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño, y detalla que ya se consignó en autos la totalidad de las cantidades indemnizatorias, una cantidad que el juzgado ordena abonar a los distintos perjudicados. Por otro lado, al tratarse de una sentencia de conformidad y al haber reconocido los procesados su autoría, se impone la pena solicitada por la acusación reducida en un tercio.

Considera la sentencia como hechos probados que el día 5 de junio de 2023, ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca acudieron a la concentración comunicada por la entidad sin personalidad jurídica y denominación 'Plataforma en Unión por la Ganadería', con motivo del conflicto entre el sector ganadero y las administraciones por los requisitos de sanidad animal, especialmente los referidos a la lengua azul y a la tuberculosis bovina, unas 500 personas, todos ganaderos, procedentes de la provincia de Salamanca y otras provincias de la Comunidad. 

El documento detalla que acudieron a la cita muchos de esos ganaderos «provistos de palos y cayados, además de petardos de gran potencia que hicieron detonar y bengalas, golpeando, en un primer momento, con los palos el suelo y paredes» de la Delegación de la Junta en Salamanca, «y procediendo al lanzamiento de pintura y huevos contra sus ventanales, impactando alguno de ellos sobre los agentes de policía y generando momentos de tensión; encontrándose además el edificio custodiado y protegido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la unidad U.P.R. de Salamanca, apoyada por un Subgrupo de las U.I.P. con base en Valladolid en previsión de posibles incidentes».

La sentencia detalla cómo creció el clima de tensión en el momento en que a un grupo reducido de representantes de los ganaderos se les permitió el acceso al interior de la Delegación Territorial para ejercer funciones de mediación con representantes de la Junta de Castilla y León y, en ese momento y sobre las 13 horas y 8 minutos, tras ellos, múltiples manifestantes entre los que se encontraban los acusados trataron de acceder, de forma violenta al interior de la Delegación Territorial de la Junta.

Los manifestantes situados en las primeras filas de la protesta fueron empujados por los restantes manifestantes, al tiempo que alentaron a los restantes concentrados, haciendo gestos con los brazos en dirección a las puertas de entrada al edificio y gritando la misma consigna: «dimisión». El documento continúa relatando que durante el asalto con violencia del edificio, los manifestantes entre los que se encontraban todos los acusados, emplearon las cayadas y palos antes referidos para causar daños en las puertas y ventanales de cristal de acceso al mismo, produciéndose el acometimiento de los policías y vigilantes de seguridad privada que trataron de impedir el acceso; acometiendo a los agentes con gran violencia y también para ello, movieron las vallas colocadas por los agentes de policía para canalizar a los asistentes, rompiendo las bridas que las unían y empujándolas. Resultaron por ello heridos de carácter leve diez agentes de Policía.

En la algarada se vivieron «momentos de gran tensión y enfrentamiento», detalla el documento. En esos momentos la Policía detuvo a uno de los procesados. Se produjeron «cuantiosos daños materiales en el edificio». La sentencia considera que todos los acusados estuvieron presentes en estos hechos e «intervinieron de manera activa y determinante en el intento de entrada violenta al edificio, en las agresiones a agentes de Policía Nacional y vigilantes de seguridad privada que custodiaban el referido edificio y en la causación de los desperfectos en puertas y fachada del mismo».

Más en detalle, aparte de las indemnizaciones por lesiones, la sentencia condena a cada uno de ellos por delito de desórdenes públicos, a la pena de prisión de tres meses, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena; por delito de atentado, a la pena de prisión de otros tres meses, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena; por delito de daños en bienes públicos, a la pena de prisión de 4 meses, también con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y la pena de multa de 6 meses, con una cuota diaria de 5 euros (900 €); por cada uno de los diez delitos leves de lesiones, a la pena de multa de 12 días, con una cuota diaria de 5 euros (60 €) y, por último, y al pago de las costas del procedimiento, con inclusión de las costas de la acusación particular personada, que se cuantifican en 500 euros respecto del letrado de los agentes de Policía Nacional.