Berkeley reclama al Gobierno 921M€ en daños por paralizar la mina de Retortillo

Berkeley Exploration Limited, la compañía inglesa propietaria de Berkeley Minera España, anunció el comienzo de un procedimiento de arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) con el objetivo de percibir 1.000 millones de dólares de compensación preliminar, lo que serían 921 millones de euros, respecto a los daños por la paralización del proyecto Salamanca, el cual pretendía abrir una mina de uranio a cielo abierto en el municipio salmantino de Retortillo. Y es que la inglesa comenzará el proceso de arbitraje a través de su filial española, Berkeley Minera España (BME).

La compañía denunció en un comunicado remitido que las acciones del Gobierno de España contra Berkeley Minera España y el citado proyecto Salamanca «han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE)», y añade el comunicado que Berkeley Exploration Limited está buscando una compensación que de manera preliminar será del orden de 1.000 millones de dólares, que al cambio son 921 millones de euros.

Así, la compañía inglesa con filial en España asegura que este arbitraje «podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno», destaca la empresa en el comunicado.

En el mismo texto, la compañía británica recordó que el pasado 2022, Berkeley Exploration Limited ya presentó un escrito de una disputa de inversión tanto al presidente del Gobierno de España como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En el texto, según informa la compañía, se informaba «de la naturaleza de la disputa» y de las violaciones que defiende la empresa del Tratado de la Carta de la Energía, y propone buscar negociaciones para alcanzar una solución amistosa entre las dos partes, conforme al artículo 26.1 del TCE, añade el comunicado.

Y es que el MITECO tumbó definitivamente el proyecto de la mina el pasado 2023 cuando el Ministerio denegó la autorización para la construcción de la mina después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informara de manera desfavorable sobre la solicitud que la compañía presentó en septiembre de 2016. Y es que el consejo dictaminó que su valoración respondía a la escasa fiabilidad y a la incertidumbre que los propios análisis de seguridad de la instalación radioactiva arrojaban en aspectos geotécnicos e hidrológicos.

Ante la posibilidad de que el proyecto siguiera adelante, antes de que el MITECO lo denegara definitivamente, la plataforma Stop Uranio alegó que, después de que el CSN mostrara su conclusión desfavorable ante la instalación radioactiva, el MITECO solo podía denegar el comienzo de los trabajos y apeló al carácter regulador del propio consejo en materia nuclear.

Ante esta situación, la empresa rompió su silencio, y la rama española de Berkeley afirmó entonces que el proyecto para la mina de uranio cumplía «con toda la normativa». Además, su anterior CEO en España, Francisco Bellón, destacaba la «seguridad técnica» de la propia documentación del proyecto, e insistía sobre este que si que cumplía con «todos y cada uno» de los preceptivos a cumplir, e incluso lamentaba en declaraciones la «falta de criterio» en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Ahora, Berkeley asegura que «hasta la fecha» el Gobierno no ha entablado ningún tipo de conversación en relación a la disputa. Por ello, BEL presenta ahora esta solicitud para, según el comunicado «hacer valer sus derechos en el proyecto Salamanca a través del arbitraje internacional».

La solicitud descrita, según continúa el propio comunicado, fue presentada de manera conjunta por equipos especializados de Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados, especialistas que se encargarán de representar a Berkeley Exploration Limited durante el proceso del arbitraje.

De este modo, en la siguiente fase del procedimiento, los miembros del tribunal serán seleccionados y designados y, por lo tanto, quedará establecido formalmente el tribunal que trabajará para llegar al acuerdo amistoso entre las dos partes del conflicto.

Sin embargo, aunque la disputa de inversión se encuentre sobre la mesa, la compañía asegura en el comunicado que continua comprometida con el proyecto Salamanca, y añade que sigue abierta a mantener un «diálogo constructivo» con España con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio. En adición, Berkeley también destaca su disposición de colaborar con las autoridades españolas pertinentes para así encontrar una «resolución amistosa», añade el comunicado, a la situación de los permisos, y mantiene la esperanza de esas conversaciones se puedan mantener en un plazo corto de tiempo.

Por otro lado, cabe destacar que después de conocerse la reclamación de Berkeley Exploration Limited ante el Ciadi, los títulos de la empresa repuntaron un 2,74% en su valor en el Mercado Continuo hasta alcanzar los 0,26 euros.

Según Berkeley Exploration Limited, el proyecto Salamanca sería «clave» para la reactivación del empleo en la zona, la cual está «devastada» por la despoblación en las últimas décadas, destaca el comunicado.

La compañía ha invertido en el proyecto de la mina de Retortillo una cuantía que supera los 100 millones de euros hasta la fecha, de los cuales, según la empresa, un 40% permanecieron en la región y, además, se lograron crear más de 70 empleos.

Según BEL, la tasa de producción de la que gozaría la mina de uranio, serían de 4,4 millones de libras de U308 anuales. Por ello, según el comunicado, podría cubrir el 100% de la demanda doméstica en España, y representa el 15% de la demanda total de la Unión Europea, lo que puede ser suministrado durante un período mínimo de 14 años en base a las reservas actuales de mineral.

Por ello, concluye la empresa en el comunicado, la mina sería capaz de suministrar más del 10% del consumo de uranio de la Unión Europea, y cumpliría con el objetivo para el futuro año 2030 en relación a la recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas. BEL mantiene además que los miembros del Parlamento Europeo incluyeron la fisión y fusión nuclear entre la lista de 17 tecnologías abordadas por la propuesta de Ley de Industria Cero Neto