Las Cortes requieren un giro para recuperar la dignidad y el prestigio

Les guste más o menos a los inquilinos de las Cortes, a sueldo de los tributos de los ciudadanos, la institución hace tiempo, el anterior mandato ya, inició el camino a un precipicio que le ha llevado al descrédito de la institución, que no es otra cosa que un síntoma del descrédito de la política mediocre que allí se practica.

Lo ocurrido ahora, con el secretario general y letrado mayor, inmerso en una denuncia de acoso laboral, no es un asunto menor. Ni mucho menos. Por descontando que rige la presunción de inocencia, esa a la que ahora todos los partidos han renunciado cuando se trata de prejuzgar al adversario. Pero es que es una gota más en la serie de escándalos que salpican directamente al hemiciclo. En los últimos meses hemos asistido a la detención por violencia machista y una buena sarta de otros tipos delictivos a un procurador, integrante del núcleo más íntimo del jefe de la oposición, Luis Tudanca. Al final del verano se tuvo que ir otro de sus estrechos colaboradores, inmerso en una denuncia de acoso sexual a un menor. Y podemos recorrer algo más en el tiempo para encontrarnos parlamentarias que conducían con tasas de alcohol desorbitadas.

Y a todo esto se añade el protagonismo que adquiere el parlamento de Castilla y León cada quince días por las meras broncas que protagonizan unos contra otros. Insultos, desprecios, sacar a familiares a colación con insidias. Es la dinámica habitual. ¿Es toda la talla que son capaces de exhibir?

Las Cortes de Castilla y León tienen que recuperar la dignidad que se merece la segunda institución de la comunidad. No puede estar cada dos por tres en los titulares por escándalos de sus inquilinos políticos. Pero para eso, entre otras cosas, tienen que empezar a someterse a las supervisiones y controles que exigen para el resto de administraciones. Ya hace tiempo que este periódico denunció que el parlamento carece de los protocolos, tales como los de acoso laboral y sexual, que sí rigen en muchos organismos. Y, por ejemplo, ¿quién fiscaliza a las Cortes?La fiscalización correspondería al Consejo de Cuentas, pero para ello la petición tiene que salir mayoritariamente de los grupos parlamentarios. Jamás, en más de 30 años, se ha pedido. ¿Qué teme el legislativo? Que, por cierto, legislar, legisla bien poco. Y lo que legisla sirve de menos, porque luego no se le dota del desarrollo reglamentario que hace pasar a la legislación de las musas del hemiciclo al teatro de la realidad ciudadana.

Ya lo de no pisar el puesto de trabajo por el que se cobra 103.000 euros de dinero público clama al cielo. Las Cortes no se merecen tanto desprecio y tanto desdén por quienes se lucran de ellas.