Solidaridad a la carta

El actual concepto occidental de sociedad desarrollada y el mantenimiento de un verdadero Estado del Bienestar exige esfuerzos de solidaridad económica que incorporan necesariamente el componente de la obligatoriedad. La solidaridad voluntaria se reduce en nuestros días a admirables ejercicios de compromiso social de manera individual por quienes de forma generosa dedican sus esfuerzos, su tiempo y sus recursos a ayudar a los más desfavorecidos.

Pero más allá de esos encomiables ejercicios de solidaridad voluntaria el desarrollo de nuestra sociedad requiere de la solidaridad obligatoria, tanto en la esfera pública como privada. Desde el punto de vista privado el término solidaridad pierde su verdadero significado convirtiéndose en deberes legales en forma de impuestos y cotizaciones para mantener las políticas sociales del Estado. La solidaridad se convierte en obligaciones de pago en favor de la Comunidad perdiendo su significado e incluso su consciencia. Si cualquier ciudadano calculara el importe abonado a las arcas públicas a lo largo de su vida en forma de retenciones, cotizaciones e impuestos sería más consciente del esfuerzo de solidaridad ejercido «a punta de pistola».

Pues bien, de igual manera que los ciudadanos no eligen su grado ni forma de solidaridad, los poderes públicos no deberían poder elegir su nivel de solidaridad en favor de otros territorios y menos como moneda de cambio para mantener a un Presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo. La financiación autonómica nunca debería ser materia de negociación para el ejercicio del poder porque los déficits de esa solidaridad pública a la carta deben suplirse con esfuerzos de solidaridad privada obligatoria. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos sentamos con la Agencia Tributaria para definir las cuantías o tipos de impuestos ni negociamos cupos ni ninguna otra fórmula distinta a nuestras obligaciones tributarias. ¿Por qué entonces el Gobierno catalán puede acordar con el Estado su forma de contribución con el gasto público en perjuicio del resto de ciudadanos y de la calidad de los servicios públicos?

Hay ciertas materias en las que no debería caber la negociación política, sobre todo cuando esta redunda en perjuicio de la ciudadanía. Es el caso de la controvertida financiación autonómica que, con sus defectos, había mantenido hasta ahora un cierto equilibrio territorial. Por suerte o por desgracia en determinados ámbitos la solidaridad no se elige, ni se negocia, ni se ejerce voluntariamente a la carta. Simplemente se impone, del mismo modo que a los ciudadanos se nos imponen los impuestos. De ahí su nombre.