La educación rural, un ejemplo de modelo social e inversión solidaria

EL MODELO EDUCATIVO de una región, de un territorio, de un país es sin duda un síntoma de cómo se hacen las cosas y cómo se gestiona lo público. El modelo, pero también el sistema, que ensarta con uno de los pilares esenciales de eso que llamamos Estado de Bienestar, y que se sustenta en unos servicios de calidad iguales para todos, para todas las latitudes y para todo tipo de épocas. Castilla y León mantiene un buen puñado de escuelas rurales con cuatro niños y otro tanto con sólo tres alumnos. Eso es una convicción. Una convicción sin parangón no sólo en España sino en toda Europa o en cualquier país civilizado. Es la convicción de una comunidad y de unos habitantes que tienen claro a qué deben dirigir los recursos público sus gobernantes. Pocas cosas hay tan dignas de solidaridad y servicio público como esas escuelas de tres o cuatro niños. Primero por los niños. Pero también por esos pueblecitos y sus habitantes. La pérdida de una escuela es el anticipo del drama en su versión más cruel de la despoblación.

Y siendo una decisión de quien gobierna y su forma de ejercer la política, no hay que dudar que es consecuencia de todo el arco parlamentario de Castilla y León, que asume con lealtad y sin la más mínima crítica un gasto, que tasado o comparado con la educación urbana puede resultar desproporcionado. Pero en eso consiste la igualdad. Pero también es un mérito de los ciudadanos que entienden que esa es la mejor forma de invertir sus impuestos. La educación es inversión, no gasto. El dinero dedicado a combatir, aunque sea en pequeños frentes la despoblación, es una inversión no un gasto. Y esto es incuestionable para quien tenga confianza en la igualdad como meta esencial del Estado de Bienestar.

No todo es PISA en la educación, también está la madurez y responsabilidad política de dedicar el dinero a lo que merece la pena. Por eso, entre otras muchas cosas, la financiación autonómica no está justificada ni en el modelo de Madrid ni el de Cataluña. Por eso hay que premiar a quien gestiona con fines claramente sociales y atiende a los vulnerables, que no sólo están en las colas del hambre de Cáritas. Están también en un pueblo donde la inexistencia de una escuela hace inviable la permanencia de una familia. Una cosa es predicar, como hace Madrid, o dilapidar, como hacen los independentistas, y otras es dar trigo, como hace Castilla y León. Este es el modelo verdaderamente social y que cree en el Estado de Bienestar. Y estas cosas tienen que estar en el alma y el corazón, en todos sus sentidos, del irremediable nuevo modelo de financiación autonómica. Lo requiere la educación, la sanidad y los servicios sociales. No las embajadas independentistas.