Urge revisar las políticas y los planes para combatir la violencia machista

la violencia machista sigue acechando de una forma pavorosa en todos los rincones de España. Y Castilla y León no es una excepción, es decir, en las puertas de al lado. Pese a que tenemos, junto a Galicia, la tasa más baja de víctimas por cada 10.000 habitantes, 52,5, frente a la media nacional que se dispara hasta las 79,4, los últimos datos arrojan el crecimiento preocupante de esta aberrante lacra. En nuestra comunidad crece un 13%, más que la media nacional. Y es uno de los datos más elevados del conjunto de territorios autonómicos del mapa español.

Sea como sea, las políticas y las medidas judiciales y policiales que se están aplicando no son capaces ya de contener este terrible drama. Es decir, los mecanismos están fallando por mucho que los políticos se afanen en anunciar campañas y acciones constantemente que no dan los resultados que la sociedad espera y desea. Y cualquiera que diga lo contrario o miente o trata por imbéciles a los ciudadanos para intentar tapar su incompetencia. Hay más medidas, más campañas, más organismos y más acciones que nunca, pero la lacra de la violencia machista sigue creciendo en nuestras calles y en la puerta de al lado. Es posible que la concienciación y la protección de las víctimas también esté haciendo aflorar más denuncias, pero ese no es argumento irrebatible ni excusa para esconder el fracaso que atesora la lucha contra la violencia de género. Y será fracaso mientras crezcan las estadísticas y sigan muriendo mujeres a decenas cada año en nuestro país.

El gobierno, con todos los estamentos, debería revisar los modelos, por mucho que les ofenda y les duela reconocer las grietas y los fallos. De lo contrario, si se siguen aplicando las mismas medidas, se obtendrán los mismos resultados. Pero una de las cosas que hay que fortalecer es la acción policial en la protección de las víctimas y en la contención de los agresores y potenciales asesinos. Y para eso no basta con hacerse unas fotos de cuando en vez con unos servidores públicos vestidos de verde o de azul. Hay que dotarlos de medios técnicos y humanos. Sobre todo humanos. Y eso no se está haciendo. Lo llevan denunciando tiempo los colectivos policiales por mucho que los mandos traten de camuflarlo con escenificaciones con políticos y ministros. El ministerio de Igualdad que dirige la vallisoletana Ana Redondo debe afrontar con valentía todos estos retos, sin importarle incomodar a los estamentos que viven acomodados en planes anclados en el fracaso.