Navacerrada, un cierre sin justificar por el Gobierno y que exige alternativas

EL DE LA ESTACIÓN de esquí del puerto de Navacerrada, en Segovia, es un cierre sin justificar y que, además, exige alternativas. Se trata de una decisión muy discutible por parte del Gobierno central, por no decir hasta reprobable, porque el Estado no ha probado que sea perjudicial para el medio ambiente. También elude tomar en cuenta la dinamización del turismo y la economía del entorno de la estación invernal al empecinarse en su clausura. Este Gobierno central, como otros ejecutivos de Madrid de diferentes colores políticos, han tomado decisiones que afectan a Castilla y León, especialmente significativas en el caso de la minería, tomando como base criterios ambientalistas sin percatarse de que, pese a la bondad de aplicar y primar criterios paisajísticos, no es razonable dejar de tener en cuenta los valores relacionados con el dinamismo empresarial y la repercusión económica. Tampoco lo es desentenderse de ofrecer alternativas, como ocurre con el cierre de la estación de Navacerrada y, sobre todo, cuanto se toman decisiones que pueden acarrear un grave efecto económico sobre el territorio como es el caso de la estación invernal o como sucedió con las decisiones gubernamentales que afectaron a la minería o a las centrales térmicas, por mencionar algunas. Acabar de un plumazo con un recurso económico que genera empleo como es la estación de esquí segoviana es contrario a la sostenibilidad que se predica y pregona pero que en la práctica se transforma en decisiones discutibles y cuestionables. Este concepto de sostenibilidad debe ir de la mano con el de progreso y crecimiento del territorio. Es inviable lo uno sin lo otro. En ese sentido, el Gobierno debería aprender de sus errores del pasado para saber generar alternativas a sus decisiones políticas de este calado, en este campo y en esta Comunidad. La de Navacerrada es una decisión cuestionable que, además, afecta de nuevo a Castilla y León. Son siempre los mimos territorios los que pagan las políticas del Gobierno como se pagaron con la minería, Garoña o las térmicas. El pagador es siempre el mismo: Castilla y León. Evidentemente, la alternativa a la destrucción de empleo y riqueza de estas decisiones del Gobierno no pasa por poblar Castilla y León de parques eólicos y solares, cuya generación de riqueza es puntual y de corto plazo. A largo, sólo benefician al gran capital que se concentra en las grandes ciudades sin regar a los territorios. Esa solución es pan para hoy y hambre para mañana y, desde luego, no constituye una alternativa sostenible y vertebradora del territorio como precisa Castilla y León.