Rigor contra el transfuguismo, pero sin necesidad de inquina política

El órgano que tiene que decidir sobre la condición de tránsfuga del procurador expulsado de Ciudadanos Francisco Igea y, por tanto, aplicar las condiciones que fija el reglamento de las Cortes para estos casos es el mismo que decidió sobre la limitación de actividad e ingresos para la procuradora de Ciudadanos que el mandato pasado decidió abandonar su grupo y quedar como no adscrita. Es decir, la Mesa de las Cortes, órgano legítimo y legitimado por el parlamento y la soberanía popular. Tan legítimo como aquel que presidía Ciudadanos y que además de aplicar las funciones de un parlamentario no adscrito decidió en una acción inverosímil mandar a la biblioteca, un lugar inhóspito que no pisa un sólo procurador en todo el año, a la salmantina María Montero. Y nadie en Ciudadanos rechistó. Incluido el hoy afectado por la decisión, entonces vicepresidente de la Junta en gobierno de coalición con el PP. La igualdad es aplicar con rigor el reglamento de las Cortes y el pacto antitransfuguismo. No exigir para uno lo que no se reclamó para otra. Por aquel entonces también el PP de Murcia había roto el pacto antitransfuguismo para beneficiarse de los huidos de Ciudadanos en aquella nefasta operación orquestada por la cúpula del partido naranja para desbancar al PP de los gobiernos de Murcia, Madrid y Castilla y León. Al final, los ciudadanos desbancaron a Ciudadanos de las instituciones por estratagemas como esta. Dura lex sed lex. Pero estamos habituados a ver, escuchar y oír pedir unos códigos morales y éticos para el contrario que luego no son de aplicación propia en política. Afortunadamente está el Estado de Derecho que es el que nos iguala, protege y defiende a todos, al margen de hipocresías morales. Si Igea ve vulnerados sus derechos tiene el camino y el amparo de la justicia ordinaria. Que no dude en recurrir a ella como tantas veces ha hecho.

Fue inverosímil e innecesario en aquel caso enviar a la procuradora desterrada a una biblioteca, como si fuera una apestada, como lo sería ahora. Porque eso sólo demostraría rencor y venganza por parte de los rectores de la Mesa. La misma que mostraron entonces y asumió de buen grado Igea, primer dirigente político de Ciudadanos en Castilla y León, cuando esa venganza y ese rencor se le aplicó a María Montero. Inverosímil porque no tenía explicación alguna en aquel caso no encontrar una dependencia en unas Cortes repletas de espacios vacíos, fundamentalmente por ausencia de los inquilinos soberanos, y no lo tendría ahora. El rigor de la norma, el que marque la norma. La inquina política, no.  La Mesa y sus integrantes tienen el cometido de estar a  la altura que no demostraron entonces sus antecesores.