Ómnibus sin igualdad

TUVO a bien el Consejo de Ministros la entrega a los abogados de un regalo anticipado de Reyes Magos unos días antes de ser cancelado el año 2023. Cancelación, todo sea dicho, que en esta ocasión no obedeció a motivos ideológicos, sino de calendario. Así, los pajes del BOE dejaron el 20 de diciembre del pasado año, con exquisita delicadeza y elegante inclinación, 186 páginas de diverso pelaje jurídico, procesal y, por qué no, propagandístico y de sesgo político (de ahí, por ejemplo, la equiparación para los artistas y culturetas de la posición, y legitimación ante los órganos de justicia, que se otorga a las entidades de defensa de los derechos de los consumidores).

El Real Decreto Ley, forma y cauce de la norma 6/2023, ofrece, incluso, su propio apartado para mostrar e intentar aclarar su terminología (esfuerzo abocado siempre a un naufragio cuando la izquierda propagandística maneja el teclado). Lo hace después de una extensísima homilía, a modo de lo que fueron las exposiciones de motivos, en la que mezcla churras con merinas, aunque intentando ofrecer la imagen de que todas forman parte de un mismo rebaño, cuestión indispensable para que el valido del maniquí cree la apariencia de la homologación de los balidos.

La nomenclatura relativa a lo digital, lo electrónico… para una mayor eficiencia, impacta como el tráiler de una película que nos impone sus grandes y espectaculares imágenes, con un sonido impactante… Cierto que la justicia anda necesitada de eficiencia, que básicamente habría que equiparar con agilidad y, en los casos especiales que así lo requieran, con celeridad casi instantánea, sin perjuicio de un análisis posterior a decisiones que puedan comprometer los básicos derechos de defensa.

Los profesionales del Derecho, abogados y procuradores, nos relacionamos con la administración de justicia a través de la plataforma digital Lexnet. No operativa en las comunidades rebeldes. País Vasco, por ejemplo. Sin igualdad no hay Justicia. La eficiencia es importante, pero aún más la eficacia, como defensa de derechos legítimos. Y esa eficacia debe evitar la discriminación de unos ciudadanos respecto de otros.

Castilla y León (pese a la apariencia de algunos documentos judiciales en los que aparece su escudo) permanece ajena a la transferencia de las competencias de Justicia. Hace bien, al menos de momento. Mejor invertir ese gasto en otros ámbitos. Quienes pretenden eludir ser juzgados por el Tribunal Supremo solo buscan una amnistía permanente y no revisable.