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NO SE PUEDE DUDAR de las ventajas y posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en todos los ámbitos pero empieza a ser urgente una regulación que evite su aplicación para usos ilícitos. De momento estamos en pañales en materia normativa más allá de los trabajos técnicos desarrollados por la Unión Europea para contar con una Directiva comunitaria capaz de orientar el desarrollo de la inteligencia artificial hacia aplicaciones beneficiosas limitando su uso con fines ilegales y fraudulentos.

No obstante, la IA puede convertirse en una herramienta a utilizar para resolver algunas de las espinosas cuestiones y preguntas que todos nos hacemos en relación a los subsidios y las prestaciones sociales y su impacto en el mercado laboral. Hace unos días el Consejero de empleo de la Junta manifestaba su sorpresa en la Feria de Empleo Tándem por el hecho de que existan 9.000 puestos de trabajo vacantes que no hay manera de cubrir mientras el paro en nuestra Comunidad supera los 100.000 desempleados. ¿Qué está pasando? Es algo que a todos nos sorprende. No hace falta ser de Vox ni ningún radical ultraderechista para sorprendernos por un realidad incomprensible que nos provoca muchas preguntas. ¿Es posible que realmente haya gente que prefiera vivir de un subsidio que trabajar? ¿Son tan bajos los salarios en algunos sectores como para que no se encuentren trabajadores? Lo cierto es que esta es una situación que se da no sólo en el sector de la hostelería, sino también en el del transporte, la docencia, la industria, la agricultura…Algo estamos haciendo muy mal para que el Estado tenga que pagar una factura multimillonaria en prestaciones sociales mientras los empresarios no encuentran trabajadores y los asalariados y contribuyentes tengan que dedicar una parte de su nómina a financiar subsidios.

Aunque se trate de una suerte de solidaridad a punta de pistola cualquier ciudadano estaría dispuesto a colaborar con aquellos que, por cualquier circunstancia personal, familiar o laboral, no han tenido suerte en la vida y se encuentran en una situación de absoluta precariedad. El problema histórico de las políticas sociales es que se aplican ‘erga omnes’ sin diferenciar las circunstancias ni la trayectoria de cada persona dando cabida también a aprovechados que se benefician injustamente de esas políticas. El gran reto   de las prestaciones sociales de diferenciar unos casos de otros puede estar ahora al alcance a través de sistemas de inteligencia artificial capaces de desarrollar procesos que puedan determinar sin arbitrariedades la idoneidad y merecimiento de las ayudas económicas sin despertar recelos ni atentar contra el mercado de trabajo. La IA también puede servir para cosas útiles.