La necesaria transparencia con la que deben cumplir las instituciones

DE LAS PALABRAS a los hechos. Eso es lo que debe exigirse a las administraciones cuando de hablar de transparencia se trata. De poco o nada sirve que, cada vez más, presuman de claridad en sus acciones cuando la realidad demuestra que están lejos de cumplir con esa obligada transparencia que en Castilla y León está regulada y vigilada por el Comisionado de la Transparencia, dependiente del Procurador del Común y que sí ejerce su trabajo. El problema radica en que, a la vista de la última memoria del Comisionado y de lo dicho por el propio Tomás Quintana, aún están lejos de esa rendición de cuentas por la que deben regirse las administraciones. Una conducta cristalina que el Comisionado no pide para sí sino para los ciudadanos, porque es a ellos a quienes las instituciones se deben. Y muchas parecen olvidar que los dictámenes de ese Comisionado de la Transparencia son de obligado cumplimiento, a diferencia de las del Procurador del Común. Pues ni por esas. No son pocas las administraciones que hacen caso omiso a lo que dictamina el Comisionado y hacen de lo escondido costumbre y bandera desafiante contra uno de los elementos esenciales de la democracia.

De ahí que el propio Tomás Quintana hable de lo necesario que sería imponer multas a aquellos que no cumplen con lo que dictamina. Las administraciones e instituciones, todas sin excepción, deberían cumplir con la ley. De ninguna manera puede aceptarse que aquellos que reclaman de los ciudadanos cumplimiento con las normas, que les exigen que estén siempre al corriente en todo lo que tiene que ver con la legalidad  y no permiten que aleguen desconocimiento de infinidad de normas, artículos y órdenes, se salten continuamente un cumplimiento que no pueden desconocer y aún menos cuando no es la primera vez que el Comisionado de la Transparencia se queja de la falta de la misma. Ellos son los primeros que deben dar ejemplo a la hora de cumplir con las normas. Pero es que, además, la gestión de lo público debe estar siempre regida por un principio diáfano.

Lo que está haciendo el Comisionado de la Transparencia es exigir de las instituciones, de todas sin excepción, primero que cumplan con la legalidad y, segundo, que dejen la opacidad y sean transparentes con los castellanos y leoneses en todas y cada una de sus acciones de gobierno. Algo que, eso es lo que parece ser lo único claro, no ejercen. La transparencia de las administraciones resulta evidente que, todavía hoy, continúa siendo una palabra muy repetida y poco practicada. Y ante eso, el Comisionado de la Transparencia da con una clave para convertir la declaración de intenciones en realidades, sancionar para poner fin a los incumplimientos. Donde la convicción no entre, que el temor al castigo arroje luz.