Un silencio cómplice

POCO MÁS de un mes. Eso es lo que han dejado descansar los políticos a los ciudadanos. Poco más de un mes desde las municipales del 28 de mayo, los castellanos y leoneses vuelven a ver cómo las calles se llenan de carteles electorales y cómo los políticos se suben a sus púlpitos para prometer y prometer durante los próximos 15 días hasta desembocar en el 23 de este mes de julio, donde esos mismos políticos callarán y serán las urnas las que dicten sentencia. En ellas, los ciudadanos con sus votos dirán quién o quiénes quieren que les gobierne en el país durante los próximos cuatro años.

Claro que, una vez más, los políticos, de todos los colores, han demostrado que lo que les importa es el asiento, la poltrona, el buscarse un hueco en alguna de las listas que les permita vivir del momio, sin marcarla o haciendo lo menos posible los próximos cuatro años, a razón de 6.000 euros del ala al mes, ya sea en el Congreso o en el Senado. Y para muestra, el botón de Valladolid, con su alcalde y su jefe de la oposición a la cabeza. No se habían ni convocado las generales pero ellos ya tenían garantizado su acomodo al frente de la lista al Senado y al Congreso, respectivamente.

Y en esas está la política, inmersa de nuevo en otra campaña electoral, la tercera en menos de año y medio, cuando de pronto irrumpe en escena un nuevo sujeto, que huele a rancio, a naftalina y recuerda a épocas pasadas que se creían ya superadas y olvidadas, el político censor. Un sujeto que responde al nombre de José Solas, alcalde del PP de Briviesca, en Burgos, y que ha decidido que el municipio burgalés y toda Castilla y León regresen a los tiempos del Nodo, de la censura. Este sujeto, que ya debería haber dimitido como alcalde, cual dictador ha decidido qué pueden y qué no pueden ver sus convecinos. Su decisión de prohibir la obra de teatro sobre la historia del maestro republicano Antoni Benaiges, que prometió a sus alumnos llevarles a ver el mar, algo que no pudo cumplir al ser fusilado y tirado a una fosa común, es una ignominia de tal magnitud que le desacredita para seguir ejerciendo el puesto regidor del municipio burgalés.

Aquí no valen razones que, por más que se traten de argumentar y articular, sólo le sirven a este personaje para justificar lo injustificable. Lo sucedido tiene un nombre, censura. Esa es la única realidad que existe y que no admite discusión, por más que ahora se quiera hablar de razones económicas, de seguridad o técnicas, que no son más que otro insulto a los ciudadanos.

La magnitud de la actuación de este individuo es de tal gravedad que no admite equidistancia alguna. De ahí que no se entienda la callada por respuesta del Partido Popular en Burgos y en Castilla y León. El suyo es un silencio cómplice.