Otra aterradora negligencia médica sin consecuencias para el artífice

CULMINA EN VÍA judicial una de las negligencias médicas más atroces y con más desdén político que hemos conocido en Castilla y León. La de la malograda Sonia Sainz Maza a la que su médico de Espinosa de los Monteros despreció hasta el extremo. Ese desprecio de quien seguramente jamás debería volver a vestir una bata blanca le costó la vida. Conocimos la tremenda historia de Sonia gracias a la beligerancia de su hermana, indignada ante la desidia de quien debería mirar por la salud de sus pacientes, pero que se dedicó con reiteración a desdeñar las quejas de Sonia, que tenía un cáncer de colón que se la llevó con 48 años. Cuando quisieron atenderla tras la reiteradas negligencias, no había solución. La enfermedad se había convertido en mortal. Esto ocurrió en agosto de 2020, con la primera ola de la pandemia finalizada y la Consejería de Sanidad en manos de la que supuestamente era la mejor médico del mundo, Verónica Casado. A Sonia no le hicieron ni caso, como seguramente a otros muchos pacientes.

Aquella terrible negligencia se salda con una indemnización de 150.000 euros para la familia tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Negligencia que, inexplicablemente, la Fiscalía de Castilla y León, que atiende absurdas demandas políticas como la del médico que denunció la contratación de médicos extranjeros sin convalidar, se negó a investigar al entender que no había responsabilidades penales. La decisión la tomó un facultativo. La decisión de no atender a la paciente pese a sus reiteradas llamadas telefónicas la tomó un médico concreto. Por entonces, la consejera, que también actuó con su habitual desdén y soberbia hacia el caso, a decir de las quejas de la familia, prometió una investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Ni investigación ni consecuencias. Sobre la negligencia cometida contra Sonia se impuso además la infamia del corporativismo de la administración. Hoy la consejera no está para rendir cuentas políticas por lo que ocurrió o lo que no hizo la Junta para depurar responsabilidades. Está claro que aquel médico debió ser expedientado y sancionado. Lo que se hizo fue protegerle trasladándole de destino para que no sufriera la repulsa de sus pacientes. Hoy seguramente seguirá impartiendo diagnósticos, pero con la conciencia sucia. Su negligencia la pagamos todos los contribuyentes, porque el sistema en el que se amparó Verónica Casado fue el del corporativismo médico. La acción o la inacción política suele no tener consecuencias personales y ese también es un problema del modelo político que padecemos. El encubrimiento, como con la pederastia en la iglesia, es el aliento del delito y  las negligencias.