Sueldazos públicos

EL VICEPRESIDENTE de la Junta y los consejeros de Vox llegaron al Gobierno regional ensalzando la promesa de control del gasto público y hay que reconocer que, en lo relativo a sí mismos, a sus sueldos y a su gestión lo están cumpliendo, pero no puede decirse lo mismo en algunos casos de los terceros y cuartos niveles técnicos. Cuando hablamos de sueldazos públicos normalmente pensamos en las retribuciones de nuestros políticos pero no siempre es así. De hecho en los últimos años hay que reconocer un ejercicio de contención salarial de la mayoría de los cargos políticos cuyos sueldos no se corresponden con el nivel de responsabilidad que ostentan. Precisamente por eso llama la atención que algunos sueldazos públicos se mantengan hoy día en el nivel técnico en los que algún empleado público sin responsabilidad alguna y cuyas funciones nadie conoce, mantiene nóminas desorbitadas muy por encima, no sólo de la de sus jefes, sino de la de la mayoría de altos cargos y directores generales de la Junta de Castilla y León.

Ya habrá ocasión de concretar más pero esta situación se produce sobre todo en entidades del sector público autonómico en las que aun perviven situaciones excepcionales de nóminas de algún técnico por encima de los 60.000 euros que, milagrosamente, han quedado al margen de todos los esfuerzos de austeridad económica llevados a cabo por la Junta en los últimos años.

Resulta incomprensible que esos esfuerzos de austeridad salarial puedan verse empañados en algunas consejerías de Vox permitiendo algunos casos concretos de salarios escandalosos de algunos de sus técnicos que han sabido autoblindarse sus contratos. ¿Cómo es posible que un director general que gestiona millones de euros de presupuesto cobre menos que un técnico sin ninguna responsabilidad?

También es verdad que se trata de situaciones excepcionales que no pueden desprestigiar la labor de la entidad a la que pertenecen que, por lo demás, funciona correctamente gracias al magnífico trabajo de la mayoría de sus profesionales con sueldos que, en muchos casos, apenas alcanzan los 1.500 euros. No se trata, por tanto, de despilfarro público sino de situaciones aisladas de  privilegios económicos inaceptables a estas alturas.

Aunque en este caso los sueldazos públicos no sean de los políticos es necesario que también se ocupen de garantizar el control del dinero público en todos los niveles  porque de nada vale aplicarse la austeridad a si mismos y, al tiempo, consentir los excesos salariales en los demás.