No le falta razón a Irene Montero
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.- E. M.
No le falta razón ni argumentos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la hora de señalar que la sanidad pública debe brindar el derecho al aborto de acorde a la legislación vigente. Algo que no ocurre en todos los hospitales de Castilla y León bajo el pretexto de que la objeción de conciencia de la mayoría de profesionales lo impide en la mayoría de los centros hospitalarios. Eso obliga a Sacyl a subcontratar con clínicas privadas este servicio. Y tampoco le faltan razones ni argumentos al exigir la publicación de un registro de objetores. Es más, Irene Montero, a la que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un gesto políticamente errático y poco afortunado, ha mandado callar, coincide con el dictamen del Comisionado de Transparencia que recientemente ha exigido a Sanidad que publique el registro de sanitarios que se acogen a su derecho a no practicar abortos. Sanidad, al menos debería publicar el número que hay en cada especialidad y cada hospital. Esta es la forma de dejar claro que no hay trampa ni cartón en la subcontratación de los abortos con clínicas sanitarias. Y por su puesto debería investigar e inspeccionar que ningún sanitario que se niegue a ejercer esa actividad en la sanidad pública lo esté haciendo por un sobresueldo en la sanidad privada. Recientemente hemos visto el caso de unos anestesistas que suplantaban identidades de otros para realizar intervenciones privadas que ellos mismos derivaban desde la sanidad pública en León.
El Comisionado de Transparencia, que es el Procurador del Común, lo tiene claro y meridiano en el acceso a la información, en este caso solicitada por una informadora de este periódico. Veremos ahora si la Junta cumple con la orden y recomendación dictada por Tomás Quintana, o seguimos viendo como la transparencia es un timo y palabrería en Castilla y León. Lo ideal sería que las instituciones, de toda índole, mostraran más vocación de transparencia y la practicaran con naturalidad, en vez de resistirse constantemente a facilitar información que debe estar al servicio de los ciudadanos que sufragan con sus impuestos las instituciones.
No le falta razón a Irene Montero. Otra cosa son las formas y hacerlo en medio de una campaña con la clara intención de sacar rédito político en una comunidad en la que su partido camina a la desaparición. El enfrentamiento político no debe sustituir nunca al diálogo entre instituciones como instrumento para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Mezclar churras con merinas o abortos y absoluciones de violadores no conduce a ninguna política constructiva. Y en este caso Montero tiene tanta razón como la que le faltó para impulsar la ‘Ley de sólo sí es sí’. En este caso es la Junta la que está fuera de lugar. Sanidad debería aclarar y explicar cuál es su plan para el derecho al aborto en Castilla y León. La mejor terapia es la claridad y la transparencia. No debe tardar el consejero.