Decisiones judiciales y elecciones municipales

ESTA semana, el poder judicial ha sido, sin pretenderlo, protagonista en los prolegómenos de la campaña para los comicios municipales, al menos en dos asuntos. En un primer caso la incidencia electoral era a petición de los propios políticos, por una lista electoral protestada, y en el segundo por una resolución sobre un impuesto municipal incrementado sin cumplir fielmente con las formas exigidas. La cuestión de la lista electoral ha sido de una importancia que difícilmente se comprende si se observa solo que afecta a un pueblo donde se eligen tres concejales. Sí, es el caso de Recuerda, donde el Partido Popular presentó una lista con dos candidatos y luego quiso rectificar quitando a la mujer que aparecía de número dos (el Contencioso recrimina además que se pretendieran cargar la paridad en la lista) e introduciendo un nuevo nombre que además colocaba de uno. La historia tiene su relevancia porque ha supuesto la puntilla política de quien fuera alcalde de El Burgo de Osma durante dos años, con apoyo del PSOE, Miguel Cobo, que luego dejó el PP cuando le pidieron que rompiera con los socialistas y que recuperó la militancia en vísperas de la convocatoria electoral para ser candidato, aunque fuera en un pueblo tan pequeño para intentar así ser concejal y poder optar a ir a la Diputación. El PP ha dado un espectáculo «bochornoso», en palabras del que partió como número uno en Recuerda y que finalmente se ha quedado como tal. Al menos, los populares han dado carpetazo al asunto y no van más allá, que podían recurrir al Constitucional. Quizá en  Recuerda lo lamenten, porque llegar a tal instancia habría encumbrado aún más al municipio de menos de 100 habitantes. Quienes no van a dar carpetazo y presentarán recurso son los socialistas que gestionan el Ayuntamiento de Soria, porque recurrirán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la subida del IBI del año pasado. De momento, la Justicia ha dado la razón a la patronal, que ha buscado un fallo formal en la subida para frenar el incremento constante de los últimos años. Hay unos 350.000 euros en juego, que es lo que aumentó el impuesto el año pasado. Como habrá recurso, el asunto no es firme, pero es una victoria de la patronal, de Foes, frente al Ayuntamiento, que seguro agradecerán sus asociados y otros sorianos, pero que le ha supuesto convertirse en el destino de las iras del consistorio. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, a pesar de estar en campaña, o precisamente por eso, no ha dudado en cargar contra los empresarios, que no hay que olvidar que son ciudadanos, y les acusa de maniobrar para limitar los ingresos municipales cuando luego «son los primeros» en pedir subvenciones cuando las necesitan. Atacar así a ciudadanos en campaña no suele ser habitual, por eso lo de recordar que los empresarios también lo son y que es legítimo que a esos ciudadanos y a los demás no les guste que les aumenten los impuestos y a veces lo combatan como puedan, con protestas o en los tribunales.