Obligada actuación ante el acuciante problema de vivienda de los jóvenes
EL PROBLEMA de los jóvenes para acceder a una vivienda y, por tanto, para emanciparse no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos debido a la situación del mercado de la vivienda, por un lado, y las condiciones de la económica y del mercado laboral, por otro. Diversos factores, por tanto, han hecho que un derecho constitucional como es el de una vivienda digna no sea accesible para todo el mundo y suponga especiales dificultades para algunos colectivos, sobre todo los jóvenes. Por ello, las administraciones deben poner en marcha medidas para reducir las trabas que existen en el acceso a la vivienda, una intervención en un mercado plenamente justificada por el argumento principal de estar defendiendo un derecho constitucional.
Por eso, el plan de vivienda que ha anunciado la Junta de Castilla y León es el acertado cumplimiento de un deber de las administraciones. Las medidas planteadas parecen ir en la dirección adecuada. Uno de los obstáculos de los jóvenes para poder conseguir una vivienda es su escasa capacidad de ahorro debido a sus reducidos ingresos. Por ello, el hecho de que se vaya a avalar hasta un 17,5% del préstamo permitirá incrementar el porcentaje de la financiación bancaria. Las entidades vienen a aportar un 80% y la entrada que deben asumir los jóvenes es un 20% que muchas veces les resulta inalcanzable. Ese aval del 17,5% por parte de la Administración autonómica debería suponer que esa entrada pueda quedar reducida a una aportación del 2,5%.
No es la única medida anunciada. Otras se traducen en ayudas al alquiler, al incremento del parque público de viviendas, mediante la construcción o adquisición de existentes, para la venta o alquiler, e incentivos fiscales de distinto tipo.
El plan tiene un diseño plausible, pero no supone un camino sencillo. Evidentemente, no deja de ser una intervención en un mercado, ante lo que no hay que olvidar que siempre hay peligros. Hay experiencias de intervenciones mucho más drásticas que han tenido un efecto perverso. En este caso, la intervención no supone limitar la libertad de mercado y la habitual reacción de muchos actores de abandonarlo. Eso es positivo, pero también hay que ejercer una vigilancia para que el esfuerzo de la Administración sea aprovechado por sus auténticos destinatarios y no sea absorbido por quienes no les corresponde.