Una huelga que exige a Justicia y a los letrados sentarse a negociar
SI ELLOS paran, como están haciendo, la Justicia no es que se pare del todo, pero tiende al bloqueo que casos y de procesos judiciales que se van amontonando en las mesas y cajones de los diferentes órganos judiciales. Se trata de los letrados de justicia que se encuentran en una huelga que lleva ya meses, con paros. Un modo movilización, en el que aseguran que no van a dar ni un paso atrás, que viene a evidenciar que los letrados de justicia, que en Castilla y León se aproximan a los 300, controlan absolutamente todo el tablero de mandos de la maquinaria judicial y hacen uso de este poder en sus reivindicaciones.
Un poder que les permite parar procesos judiciales, que se ven suspendidos o aplazados sine die o para un largo tiempo después. Eso es algo que los ciudadanos, no sólo los castellanos y leoneses, desconocían, pero que saben y entienden perfectamente los abogados, jueces, fiscales..., todos aquellos que puebla el universo de los juzgados de la Comunidad. Ellos mejor que nadie conocen la importancia de los letrados de justicia, como del resto de los protagonistas de este universo judicial, para que todo funcione y la justicia, ya de por sí lenta, tenga la maquinaria engrasada. Esa que le permita dar salida a casos y juicios en todos los escalones.
Son los propios letrados de la administración de justicia lo que se definen a sí mismo como verdaderos ingenieros invisibles que ponen en marcha el motor de los órganos judiciales. Son los que no están a la vista, pero aquellos que, sin su firma o aval, nada funciona. Son los fedatarios públicos de todos los procesos. Sin entrar a valorar si sus reivindicaciones son justas o no, lo que resulta del todo punto obligado por parte del Ministerio de Justicia es que se trabaje para poner fin a una huelga, que corre el riesgo de convertirse en indefinida y que está comenzando a poner en jaque a los juzgados. Las cifras ni engañan ni se discuten, y las que publica este periódico de juicios suspendidos y casos aplazados en la Comunidad son elocuentes.
Como bien señala el presidente de la Audiencia de Valladolid se trata de una situación que no puede prolongarse en el tiempo porque está generando perjuicios para los ciudadanos. Y eso tienen que entenderlo las dos partes. De ahí que sea obligado que los letrados de Justicia y el Ministerio se sientan a negociar.