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LA confrontación política, las declaraciones radicales, los intereses partidistas y los debates terminológicos están desenfocando y desvirtuando uno de los principales problemas de nuestra actual sociedad. Nadie sabe explicar bien por qué cuanta más información hay sobre violencia de género, o como se quiera llamar, más casos de mujeres asesinadas o agredidas se producen en nuestro país en un dramático bucle en el que noticias y hechos parecen retroalimentarse. La triste realidad es que el último mes del pasado año se cerró con el mayor número de mujeres asesinadas en los últimos doce años.

Según la Delegación de Gobierno contra la violencia de género en el año 2022 han muerto asesinadas 49 mujeres y desde 2003 nada menos que 1.182. Un drama intolerable que el Gobierno parece incapaz de evitar limitándose a distraer la atención con discursos de exaltación feminista y confrontaciones políticas y terminológicas que en nada ayudan a las víctimas de tales atrocidades. El sexo, la raza, el parentesco, la religión o la ideología de quienes cometen esos crímenes no deberían distraernos del verdadero problema que es la indefensión de miles de mujeres que se sienten amenazadas por esta lacra.

El Gobierno ha centrado todas sus campañas contra este drama en la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión o amenaza y resulta que hasta un 40% de las mujeres asesinadas habían interpuesto denuncia previa. Además, el 2022 ha sido el año en que se han registrado mayor número de llamadas al 016 lo que demuestra la ineficacia de las medidas adoptadas. Quizá deberíamos preocuparnos menos en si lo llamamos violencia de género, violencia machista o violencia intrafamiliar y centrarnos más en defender eficazmente a las víctimas a través de herramientas policiales y judiciales que realmente funcionen más allá de discursos políticos interesados.

En Castilla y León los datos sobre violencia de género son menos malos que en la mayoría de comunidades autónomas por lo que la polémica parece centrarse más, curiosamente, en ciertas declaraciones políticas que en la propia violencia sobre las mujeres.

Objetivamente si uno analiza las últimas declaraciones del vicepresidente de la Junta sobre este asunto es difícil estar en contra por muy feminista que uno quiera ser salvo que asumamos que no todas las vidas valen lo mismo ni todas las muertes deben ser condenadas por igual. La violencia  es execrable en sí misma. No necesita de apellidos ni distinciones por lo que, ante esta lacra social intolerable, el Gobierno de España debería pensar más en las víctimas y sus familias y menos en las próximas elecciones.