Gobierno de la improvisación
LAS INCONGRUENCIAS en la aplicación de la normativa de las llamadas zonas de bajas emisiones, que habían ido aflorando a medida de las diferentes ciudades esbozaban sus planes, se han puesto claramente de manifiesto en cuanto se ha alcanzado el plazo para su puesta en funcionamiento. Sólo algunas ciudades comienzan el año 2023 con sus ordenanzas preparadas para entrar en vigor, mientras que el 87% de los núcleos urbanos obligados a implantarlas se ven retrasados por culpa del Gobierno, que acaba de aprobar el marco legal de esta normativa. De chapuza en chapuza, como siempre. Me pregunto cómo es posible que un 13% de las ciudades sí estén preparadas para implantar esta medida, presuntamente medio ambiental, y el resto tengan que esperar medio año, como es el caso de Burgos, para redactar una ordenanza que según la Federación Española de Municipios y Provincias se tarda al menos cuatro meses en preparar. Más el periodo de exposición pública y aprobación. Unos pueden y otros no. Unos se lo toman en serio y otros son comparsas. Unos trabajan aún a riesgo de tener que realizar modificaciones y otros esperan a escribir al dictado. Burgos ya dio la nota con su proyecto ya que tuvo que ser la justicia la que pusiera sentido común y paralizase el intento del bipartito de construir la casa por el tejado lanzando un muy millonario contrato para instalar multitud de cámaras de videovigilancia sin el adecuado respaldo legal. Ahora lo deja para junio. Valladolid, que por su cuenta ya cerró calles por contaminación, también se retrasa y lo mismo ocurre en Ávila, Palencia, Ponferrada, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Lo estrambótico, o no tanto en esta España de las mil patrias, es que cada una de las 149 ciudades afectadas, incluidas las 9 de Castilla y León, es que cada una ha buscado sus propias soluciones a la aplicación de la normativa de zonas de bajas emisiones sin establecer contactos unas con otras para armonizar sus ordenanzas o contratar a sus proveedores. De resultas, habrá 149 formas diferentes de ser multado por esta nueva norma que, de nuevo, se encamina a la polémica. En ciertas ciudades se podrá entrar en la zona excluida con un coche sin etiqueta eco siempre que circule completo pero en otras se le multará severamente. Sirva ese ejemplo ya conocido para visualizar el carajal al que nos expondremos los conductores al desplazarnos por España. Al margen de los perjuicios a los residentes con coches menos ‘ecológicos’, habrá que ver si estas medidas no afectan también a motores económicos como el turismo o el transporte urbano. Un caso más de la improvisación que nos gobierna.