Otegi el Sabio
IMPOSIBLE definir mejor la curiosa situación en que se encuentra actualmente el Gobierno de España y nuestro Estado constitucional. Recientemente el líder de Bildu declaraba que en el actual Gobierno del Estado español se da la paradoja que se mantiene gracias a las fuerzas políticas que quieren «marcharse de España». Se trata de una obviedad que, en palabras del arrepentidísimo abertzale, evidencian, tanto la debilidad de nuestro Gobierno, como la soberbia y fortaleza de los independentistas. Ningún miembro de la oposición ha sido capaz de definir mejor la precariedad de nuestro Gobierno.
Más allá de las observaciones con las que nos ilumina Otegi el Sabio la realidad es que su brillante conclusión debería conducirnos a reflexiones algo más profundas sobre la situación de nuestro Estado constitucional. En primer lugar cabría plantearse si actualmente nuestro Estado de Derecho cuenta con herramientas políticas y jurídicas eficaces para defenderse frente a medidas que puedan modificar su propia configuración política, constitucional y territorial. No es descartable que, si las urnas no lo remedian, en pocos meses se produzca un escenario en el que nuevamente el presidente Sánchez necesite de los apoyos nacionalistas para mantenerse en la Moncloa. Y tampoco es ni mucho menos descartable que los nacionalistas exijan en esta ocasión la celebración de un referéndum de independencia para apoyar a un posible Gobierno socialista tras las próximas elecciones. Y, visto lo visto, tampoco hay que descartar que Sánchez permita ese referéndum con tal de continuar como presidente del Gobierno.
Pero ¿cuenta nuestro ordenamiento constitucional con instrumentos jurídicos eficaces para defenderse de mayorías parlamentarias capaces de adoptar medidas en contra del Estado?.
Nos parecía imposible que se pudiera cambiar interesadamente el sistema de nombramiento de vocales del Tribunal Constitucional; nos parecía impensable que el Gobierno indultara a los independentistas en contra de la fiscalía y del poder judicial; nos parecía inaudito que se suprimiera el delito de sedición por las exigencias nacionalistas; nos parecía aberrante que se permitiera el acercamiento de presos etarras, la salida de facto de la Guardia Civil de Navarra, la adaptación del delito de malversación a los intereses nacionalistas… ¿Dónde está el límite? El Estado de Derecho se basa en la supremacía de la Ley pero ¿qué pasa si el propio legislativo modifica la Ley en perjuicio del Estado? O lo que es peor ¿podría encontrarse algún resquicio legal para modificar las actuales mayorías cualificadas para reformar la Constitución? Otegi el Sabio y la realidad nos han enseñado que un Gobierno con suficiente mayoría parlamentaria puede hacer cosas que nos parecían impensables. Está claro que ni Sánchez tiene límites en su ambición personal ni los independentistas en sus reivindicaciones. La pregunta es ¿los tiene la Constitución para evitarlo?