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Impactante. Me refiero a la página que firma Í Arrúe en este periódico,  el pasado lunes, sobre el caso sin resolver de David Hernández, el joven asesinado en Laguna de Duero hace más de 900 días. Impresionan las declaraciones de la madre, Lorena Sánchez. Esta «madre coraje» no sólo se enfrenta en solitario a la terrible pena que supone el asesinato de un hijo, sino también a la impotencia más absoluta. Algo inconcebible en una democracia donde se supone que hay jueces y policías competentes. La propia subdelegada del Gobierno, Alicia Villar, ha tenido el cuajo de decir a este periódico que se trata de un caso atípico, pues no hay «ni cámaras, ni testigos, ni arma homicida recuperada, ni restos biológicos, ni un aparente recorrido de interés en las llamadas y mensajes del teléfono». Cabe preguntarse: ¿Quién decide el contenido de interés de una llamada? ¿Hay jueces e investigadores con un aparente recorrido de interés? Esto me recuerda a un juicio que viví hace años. Robaron a una muy amiga mía la cosecha de almendros, y lo denunció. Un juez avispado, pero sin cabeza ni conocimientos, le preguntó a bocajarro a la denunciante: «¿Tienen sus almendros cámaras de vigilancia?». Textual. Con semejantes argumentos, efectivamente, sobran jueces y policías. El asesinato de David Hernández no es ningún caso atípico. Es el clásico caso en el que jueces e investigadores a una demuestran su absoluta inoperancia, indolencia, inhumanidad e ineptitud. Desde la madre de David, a las voces que corren por Laguna de Duero, todos apuntan en la misma dirección: a una pandilla «muy probablemente de edad muy parecida a la de David», según se cuenta en la crónica. ¿Y esto es tan difícil de concretar y de averiguar? ¿Y en esto consiste el secreto del sumario y la complicada labor investigadora? Más bien parece una tomadura de pelo.