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EDITORIAL

La alternativa de reabrir el debate de los soterramientos

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Los soterramientos ferroviarios en Castilla y León, fundamentalmente en las tres ciudades por las que transita el AVE y el tren se convierte en una trinchera que divide los barrios, quedaron sepultados bajo el mandato del que fuera ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Entonces se argumentó que la crisis imposibilitaba los millonarios desembolsos que suponían esas magnas obras. En Valladolid se optó por la integración, que era además el modelo que quería el gobierno de la ciudad, especialmente su concejal de Urbanismo, el arquitecto Manuel Saravia. Pero quedó claro que ese plan de integración, si no mintieron entonces los responsables ministeriales, no imposibilitaba en un futuro más favorable recuperar el soterramiento del tren. 

En Castilla y León vemos como otras ciudades del Levante, a las que llega el AVE, han emprendido el camino de soterrar como proyecto de futuro a largo plazo para acabar con la trinchera que los trenes han ocasionado en el crecimiento de las ciudades. El debate lo ha reabierto el presidente de la Junta en su reunión con Pedro Sánchez. Y el gobierno de Valladolid, a través de su teniente de alcalde ha aceptado el guante, invitando a la Junta a que ofrezca un plan real para el desarrollo del soterramiento.

El PP defiende que ahora hay dinero. Dinero además de fondos europeos, como ha demostrado con documentación. Si es así, no se puede perder la oportunidad de meter el tren bajo tierra y acabar con las trincheras en ciudades como Valladolid, León o Palencia. Son proyectos de ciudad a largo plazo.

El debate está abierto y negarse a él sólo sería tozudez y obcecación que no le está permitida a los políticos. Acepten el reto, reúnanse, vean posibilidades viables y reales y decidan. Pero con rapidez. Lo que no puede pasar es que las obras en Castilla y León tengan que acostumbrarse a dormir el sueño de los políticos, como ocurre, por ejemplo con la Autovía del Duero (A-11), que lleva dos décadas rumiando proyectos constructivos y algunos tramos 13 años. Mérito del gobierno del PP y del PSOE, que en esto no tienen distinción. Pero evidentemente a quien hay que pedir cuentas en cada momento es a quien gobierna en cada momento.

La alternativa se ha puesto sobre la mesa. Es obligación de las tres administraciones implicadas, Estado, Junta y ayuntamientos, ver las posibilidades reales y, esencialmente los tiempos. Porque las acciones, especialmente cuando son infraestructuras, tienen que tener un objetivo definido en el tiempo y en el espacio, no servir para el mero debate político. Los ciudadanos quieren progresar. Y las ciudades de Castilla y León tienen derecho a progresar al mismo ritmo y con las mismas posibilidades que las de otros lugares con más población, y por tanto con más capital electoral. Soterremos si es posible, viable y real. No esperen.