Un problema kilométrico

ESTOS días ha sorprendido en Soria un conflicto interno en la Diputación. Una disputa de las que seguramente hay muchas similares en las empresas, por reclamaciones de cantidades, y que no son siquiera noticia. Pero claro, en el ámbito político todo es diferente y así tiene que ser, que lo que se pone en juego normalmente es propiedad del común. Pero en el caso soriano, hay otros elementos que le dan más morbo a la noticia, ya que el que reclama es vicepresidente de la propia Diputación y su abogada ha sido presidenta de la institución y además fue vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Ella es María Jesús Ruiz y él José Antonio de Miguel, y coincide además que ambos fueron dos pesos pesados del PP soriano y hoy están juntos en la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), formación que está en conversaciones para integrarse en el PP, que es de donde proceden la mayoría de sus integrantes. El caso es que De Miguel reclama 9.000 euros por los desplazamientos realizados durante lo que va de legislatura, es decir, desde hace tres años. Pero la compensación no es por kilómetros rodados para acudir a asuntos de la Diputación fuera de Soria capital, que para eso está el coche oficial y si lo tiene que hacer con su vehículo le pagan el kilometraje sin problema, sino por el recorrido diario de su casa, que está en Almazán, hasta Soria, donde está la Diputación. Son, en números redondos, 35 kilómetros por trayecto. La Diputación nunca ha pagado a los diputados liberados, que es el caso de De Miguel, el desplazamiento de casa al trabajo, pero curiosamente el presidente de la Diputación, Benito Serrano, apoya públicamente la reclamación al tiempo que hace caso a los informes internos que dicen que eso no se debe pagar, salvo que un juzgado diga lo contrario. ¿Y por qué da ese paso De Miguel, tres años después? Pues por un enfado que afecta a muchos representantes públicos en España y que ha llevado a Esquerra Republica de Catalunya (ERC) a promover una modificación legal a través del Congreso, porque muchos cargos electos que son autónomos  o tienen participaciones en empresas que, como las hosteleras, se vieron afectadas por la obligación de cerrar sus negocios por el covid, han hecho que ni como autónomos ni esas sociedades puedan cobrar las subvenciones que salieron para paliar el problema, porque la ley se lo impide a los cargos electos cobrar subvenciones públicas, una medida preventiva que en algún caso, como con el covid, puede ser discutible. Le pasó a De Miguel en una empresa y es un problema kilométrico, que vaya mucho más allá de Soria.