El gobierno que arrastra los pies

CON TANTA población mayor, con tanta dispersión de los habitantes en este territorio tan enorme que es Castilla y León y con tanta crisis, una detrás de otra, era inevitable que el gasto social creciera en una Comunidad que hace años que tiene vocación de mantener el estado del bienestar y la Educación por encima de los valores que marcan otras autonomías. Los informes de evaluación de la Educación dan el sobresaliente a Castilla y León como también otros servicios como el de la Atención a la Dependencia, en el que también es líder nacional, contribuyendo a que nuestra Comunidad se haya colocado como la segunda que mayor gasto social ha generado de toda España sólo por detrás de la econonómicamente dopada comunidad vasca. Así lo recoge el Ministerio de Sanidad en la Estadística de Gasto Sanitario Público 2020 que se acaba de publicar y en la que señala en 1.863 euros por habitante lo que Castilla y León dedica a gasto social. Dentro de esa inversión en este crucial campo de la atención pública se incluyen las partidas para el personal que presta estos servicios y que en los últimos tiempos ha revalorizado su prestigio y visibilizado la importancia de su labor. La epidemia del coronavirus ha servido para poner el foco en las personas que hacen posible servicios que damos por descontados sin reparar en cómo se llevan a cabo. Tras el protagonismo del personal sanitario en plena pandemia, llega ahora el momento de los profesionales que ayudan a paliar las consecuencias socioeconómicas y personales de la crisis del covid. A los trabajadores sociales, trabajadoras en su mayoría, les faltan horas en el día y recursos para atender a las necesidades de los ciudadanos que se han quedado expuestos por esta crisis en diferentes escenarios de la vida. Este colectivo es ahora aún de mayor valor para las administraciones públicas, pero carecen del reconocimiento que se merecen y aún peor es su retribución salarial. En Burgos han dicho basta y se van a poner en huelga si no se mejoran muy claramente sus condiciones. El bipartito de PSOE y Cs que gobierna Burgos ha acogido con mucho recelo esta demanda de sus trabajadoras sociales, que tiene el apoyo de usuarios, partidos políticos y todo el que tiene dos dedos de frente. Sin embargo, el gobierno de progreso, que hacía gala de su vocación de gasto social, arrastra los pies y se limita a indignarse por la repercusión que algunos medios hemos dado al asunto y argumentar que por primera ver se han reunido con las trabajadoras sociales para hablar de sus condiciones laborales. Ninguna novedad, porque este gobierno no sabe hacer otra cosa. Hablar y escuchar sin resolver nunca nada. Si fuera para fastos y centenarios llovería el dinero.