Desigualdad fronteriza

A VUELTAS CON la convalidación en el Congreso del acuerdo entre el Gobierno estatal y los agentes sociales para la reforma laboral, la pelota está, como casi siempre, en el tejado del Partido Nacionalista Vasco. Sánchez y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tienen aún atado el apoyo parlamentario suficiente para revalidar la polémica enmienda a la reforma laboral que dejó en marcha el Partido Popular y que sigue en el aire aunque iba a ser lo primero que cambiase de arriba a abajo la coalición de izquierdas gobernante. La reescritura de esta norma carece del consenso parlamentario para convalidarla, sea por exceso de reforma o por defecto, que ambas cosas opinan sus señorías. Terreno ideal para que el PNV,  como siempre, maniobre para que sus imprescindibles votos no les salgan baratos al Gobierno. Sobre la mesa han dejado caer ya el precio de su apoyo: la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales. El PNV, que mira siempre en favor de su territorio, y en eso no se les puede reprochar nada,  y de sus propios intereses partidistas levanta con esta aparentemente inocua reivindicación otro hito de la competencia desleal que viene ejerciendo la comunidad autónoma vasca sobre territorio burgalés y castellano leonés con unas mejores condiciones laborales y empresariales que favorecen la atracción de inversiones, capital humano y medios al otro lado de la frontera. Son décadas ya de la construcción del mayor foco de desigualdad territorial en España favorecido y legalmente consagrado por Gobiernos estatales de todo signo. La economía del norte de Burgos pivota en buena medida en las relaciones con el País Vasco, que es, sin duda, el motor del norte, pero lo hace en condiciones de dependencia y en una clara desigualdad entre ambos territorios que privilegia a los vascos y oprime a los burgaleses. El hecho de que el PNV logre que los convenios colectivos de su comunidad prevalezcan sobre el común del resto de España consolida esa diferente vara de medir con la que se alimenta la economía vasca y espolea ese dinamismo en todo su territorio que para si querría Castilla y León, en una combinación exitosa entre urbes y medio rural, sector primario e industria, comercio tradicional e innovación tecnológica. Nuestras nueve provincias deberían parecerse más en ese sentido a nuestros vecinos de más al norte, pero es imposible que Castilla y León reciba el mismo dopaje que los partidos vascos han logrado subastando sus votos en Madrid. Ni siquiera ahora que las elecciones anticipadas en esta Comunidad han llamado la atención de la opinión pública española tenemos la más mínima opción de que ningún Gobierno o partido estatal nos ofrezca igualdad con respecto al País Vasco. Y así seguirá.