Diario de Castilla y León

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LO que ha sucedido en la importante localidad soriana de El Burgo de Osma en el ámbito político durante la presente legislatura podría ser un caso a estudio en una universidad, seguramente como ejemplo de cómo no se debería hacer política. Todo empezó tras un extraño pacto de gobierno entre PP y PSOE, cuyo único nexo de unión era impedir que gobernara quien había ganado las elecciones, pero no por estar en contra de sus propuestas, solo por animadversión personal. La fragilidad del acuerdo se demostró pronto, cuando el PP pactó en Diputación con la PPSO, partido en el que el está Antonio Pardo, al que el propio PP dio el portazo en El Burgo. Los populares se comprometieron a devolverle la Alcaldía, pero sus representantes burgenses hicieron una peineta al partido, se marcharon y los dos concejales del PP pasaron a ser no adscritos. Luego, cuando a los dos años tenían que pasar la Alcaldía al PSOE, remolonearon y solo el entonces alcalde, Miguel Cobo, cumplió el pacto. Al final el que volvió a la Alcaldía fue Pardo. Los socialistas, en un intento de conseguir que se respetara el turno pactado sacaron un papel con el acuerdo firmado por todos los concejales socialistas y los dos del PP. No sirvió para nada políticamente, pero sí sorprendentemente para dar trabajo a los tribunales, porque los concejales inicialmente del PP y luego no adscritos denunciaron que se había falsificado sus firmas. El jueves iban a desfilar todos por el juzgado de El Burgo, salvo un socialista que estaba en el pleno de Las Cortes de Castilla y León,  para declarar como testigos, pero cuando le tocó el turno al líder del PSOE burgense, Martín Navas, el juez le dijo que mejor volviera otro día con abogado porque pasaba a ser investigado. Y es que por los testimonios de los propios socialistas quedó claro que ni ellos habían firmado personalmente, aunque sí habían autorizado que firmaran en su nombre, pero a Navas no se le ocurrió otra cosa que imitar sus rúbricas, lo que no es muy correcto. Alguno dice que sabe que el documento quedó completado con las seis firmas en una cita en la que solo estaban dos, uno Navas y el otro no ha trascendido, aunque sí dicen que se hizo en el Capitol, establecimiento hostelero que regenta el ex alcalde y ex popular Miguel Cobo, lo que traslada una sospecha que el juez deberá comprobar si es fundada o infundada. Habrá que esperar a ver cómo queda la instrucción judicial y que pasa después de la misma. De momento, los sorianos descubren cómo es la política chapucera.

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