Presupuestos de intenciones
Entre vaivenes el Gobierno ha presentado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2022, los cuales se caracterizan por ser los que mayor gasto público de la historia albergan al recoger el segundo empujón que supondrán los fondos europeos. Con este escenario, comienza un camino de montaña rusa en la tramitación parlamentaria, donde las enmiendas a la totalidad se votarán en el Congreso el próximo 4 de noviembre. El Gobierno quiere tenerlo aprobado antes del 31 de diciembre, aunque el fantasma de unos presupuestos prorrogados merodea sobre el panorama socio político.
Partiendo de la base de que estos Presupuestos plantean un crecimiento del 7%, debemos señalar que las principales organizaciones reflejan datos que distan de esta realidad paralela que ahora plantea el Ejecutivo, como son el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o el Consejo General de Economistas, cuyas previsiones de crecimiento no superan el 5,9%.
Estos Presupuestos nacen carentes del fiel reflejo que deberían albergar del momento socio económico que vivimos tras la crisis del coronavirus, donde los fondos europeos juegan un papel decisivo y cuyo objetivo del Gobierno es destinar prácticamente la totalidad de esta segunda inyección de más de 27.000 millones de euros a inversiones en política industrial, movilidad sostenible o impulso a pymes. Ayudas que, por otro lado, parecen aún no llegar con las consiguientes consecuencias, en muchos casos nefastas, para multitud de autónomos y pequeñas empresas que ven aminorada su actividad con la consiguiente pérdida de empleo.
En cuanto al déficit público, se espera cerrar el año con un 5% del PIB gracias a la previsión, poco realista, de un ascenso de los ingresos tributarios en un 8,1%, lo que se traduce en más de 232.300 millones de euros. No obstante, sí que se bate récord en el techo de gasto, manteniéndose en suspenso las reglas fiscales en 2022 con el visto bueno de Bruselas. Pero alcanzar un 5% de déficit es doblar la cifra alcanzada en el año 2018, por lo que aún estamos lejos de recuperar, en este sentido, un cierto nivel que no desmerezca los esfuerzos de los españoles. Con estos datos, la reflexión apunta a que para conseguir mayores ingresos que mitiguen el déficit el Gobierno incurrirá en políticas que tengan como objetivo el incremento de impuestos y mayor presión fiscal; algo que incidirá directamente en el consumo de las familias y sus ahorros.
Es reseñable la cifra que se va a destinar a determinadas partidas, como es la de pensiones que recibirá 37,3€ de cada 100, pero aún más reseñable es que el pago de intereses de la deuda pública, que supera el 122% del PIB, supondrá destinar 6,6€ de cada 100. Sin embargo, otras partidas de capital importancia han experimentado un recorte de más del 10%, como es la dedicada a desempleo.
En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado recientemente presentados no guardan una estrecha relación con los problemas reales y urgentes de los españoles, siendo en muchos casos una declaración de buenas intenciones que seguramente quedará en papel mojado al contemplar datos y previsiones lejanas de conseguir y que tienen una mira mucho más electoralista que de coherencia con el corto y medio plazo del devenir económico, social y político del Estado.
Juan Carlos De Margarida es Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.