Inutilidad parlamentaria
AL margen de las distintas y variadas opiniones y reacciones que ha generado la tan traída y llevada Mesa del Diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña no conviene olvidar, como daño colateral, el enorme desprestigio que supone para nuestro sistema político parlamentario.
En España contamos (y costeamos entre todos) nada menos que con 350 Diputados, 265 Senadores, un Defensor del Pueblo, un Tribunal de Cuentas, un Consejo de Estado, un Consejo Económico y Social o un Tribunal Constitucional entre otros Organos del Estado. Cada uno de ellos con su estructura, asesores, comisiones, salarios, gastos de funcionamiento… En concreto, sólo los gastos de nuestras Cortes Generales ascienden a más de 155 millones de euros (curiosa cifra hablando de Cataluña), que son religiosamente financiados por el sufrido contribuyente en un admirable ejercicio de generosidad auspiciado por la Agencia Tributaria.
En Cataluña el panorama institucional no es mucho más halagüeño en cuanto a gastos, eficacia y utilidad. El Parlamento catalán sirve de generoso hogar económico y profesional para 135 parlamentarios autonómicos cuyos gastos y salarios son también graciosamente financiados por el generoso contribuyente. Por no hablar de otras Instituciones políticas como el Síndico de Agravios, el Consejo de Garantías Estatutarias o la Sindicatura de Cuentas cuyos gastos y costes de funcionamiento tampoco son precisamente pequeños.
Con esta megaestructura política cualquiera podría pensar que estamos cubiertos con suficientes garantías institucionales para poder afrontar cualquier reto o desafío político o territorial que amenace nuestro actual modelo constitucional. Craso error. A la hora de resolver el conflicto territorial y político más importante de los últimos treinta años resulta que nada de eso vale y necesitamos constituir un nuevo órgano de negociación cuya composición y funciones se han establecido de manera absolutamente arbitraria y discrecional y cuyos resultados nos afectan a todos de manera determinante.
Si extendemos esta situación al resto del territorio nacional nos encontramos con un sistema cuyos costes y dudas sobre su utilidad y eficacia se multiplican por diecisiete. Esta situación no hace más que alimentar y cargar de razones a quienes ponen en duda la utilidad y necesidad de nuestros representantes parlamentarios y un modelo político cuya eficacia genera peligrosos interrogantes: Si un asunto tan importante como el secesionismo catalán no puede resolverse ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Parlamento catalán ¿para qué sirve nuestro actual sistema parlamentario?