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LA CONOCIDA jugada en rugby como patada a seguir es probablemente la que mejor define actualmente la gestión pública, especialmente en el ámbito económico en el que la irresponsabilidad de la Administración del Estado nos aboca a una situación insoportable en el corto-medio plazo.

No es por dramatizar pero nunca antes el escenario económico en lo que se refiere a las cuentas del Estado ha sido tan desolador. Por mucho que nos las quieran vender como normales, las escandalosas cifras de déficit presupuestario y deuda pública en España, no sólo serían inadmisibles en cualquier negocio o empresa privada, sino que van a condicionar de manera determinante el bienestar y las posibilidades de progreso de la próxima generación, ya bastante castigada.

Está muy bien incrementar el gasto público para atender las necesidades sociales o impulsar políticas redistributivas, pero no puede hacerse únicamente a través de mecanismos de endeudamiento elevando cada día nuestros niveles de déficit y deuda pública. El primer trimestre del año se ha cerrado con una cifra histórica en España en términos absolutos de casi 1,4 billones (con b) de euros de deuda pública, lo que supone, nada menos, que el 125% del PIB Nacional. Si seguimos así no va a haber nada que redistribuir más que el pago de dicha deuda en “cómodos plazos” durante décadas. Si a esto añadimos un déficit público en 2020 de más de 123.000 millones de euros que representa un aumento de más de 87.400 millones de euros respecto a 2019, se nos presenta un oscuro panorama del que probablemente no somos suficientemente conscientes.

Gran parte de culpa de esta situación se debe a esa mezquina estrategia de la patada a seguir que se cimenta en teorías de política económica que hunden sus raíces en profundos principios fundamentales como “el que venga detrás que arree”, “nadie nos recordará por lo que ahorremos”, o ese estúpido criterio de valoración de la gestión pública basado en el porcentaje de ejecución presupuestaria. Un criterio según el cual lo importante es gastárselo todo, sin importar cómo y sin aplicar el más mínimo criterio de eficiencia. Mientras en una empresa privada la consecución de objetivos con un menor gasto del previsto es un factor positivo de eficacia, en la Administración Pública implica un síntoma de mala gestión por no haber sido capaz de ejecutar todo el presupuesto, es decir de  gastártelo todo, independientemente de los objetivos marcados. Toda una serie de factores que se resumen en una actitud de irresponsabilidad económica con consecuencias fatales para el futuro de los ciudadanos.