Ventajas pandémicas

DESPUÉS DE TANTO sufrimiento, ruina y dolor  generado por el Covid resulta casi grosero hablar de consecuencias positivas de la pandemia. Pero, haciendo de la necesidad virtud, es verdad que ha tenido que llegar una situación tan dramática para darnos cuenta de que nuestras Administraciones Públicas no valían, por su rigidez procedimental, para resolver los problemas de los ciudadanos. Las urgencias de la pandemia han puesto en evidencia los problemas de una Administración incapaz de resolver las necesidades de la ciudadanía en situaciones de emergencia. La urgente necesidad de apoyar a los distintos sectores económicos a través de la tramitación ágil de subvenciones y ayudas directas ha hecho saltar por los aires las costuras de una normativa procedimental que encorsetaba la actuación de las Administraciones hasta convertirlas en inútiles frente a las prioridades de los administrados. La cúspide normativa de esa rigidez burocrática, basada desproporcionalmente en una mal entendida objetividad frente a situaciones pasadas de corruptelas y discrecionalidades, la encontramos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que prácticamente paralizó todas las Administraciones de nuestro país.

El estado de alarma vivido y sus consecuencias económicas ha obligado a realizar los ajustes procedimentales necesarios para permitir la tramitación en tiempos razonables de ayudas económicas y subvenciones necesarias para evitar el hundimiento de nuestra economía. Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que nos demos cuenta  de repente  que con nuestros actuales esquemas procedimentales hemos convertido nuestras Administraciones en lentas e ineficaces estructuras paquidérmicas limitadas por procedimientos que convertían cualquier solicitud ciudadana en un laberinto burocrático insoportable. La figura de la Declaración Responsable está siendo fundamental para la tramitación ágil de las ayudas pero cuidado con no convertir esa declaración en un regalo envenenado a la hora de justificar el cumplimiento de requisitos y condiciones con la amenaza de tener que reingresar lo recibido.

Ahora nos enfrentamos al reto de gestionar ingentes cantidades económicas en forma de ayudas europeas que exigen mayor flexibilidad y agilidad administrativa. Para ello es necesario que, tal y como solicita la Junta al Gobierno Central, se flexibilicen los criterios de acceso a esas ayudas para que ningún empresario o autónomo renuncie a ellas por la rigidez de los requisitos o por el exceso de burocracia. Debemos asegurarnos de que la Administración esté, en esta situación tan difícil, para ayudar a los empresarios o, al menos, que no moleste.