Acortar los plazos para la Ley del Tercer Sector

EN EL CASO de que se cumplan las previsiones de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco , cuando se apruebe el proyecto de Ley del Tercer Sector Social en el consejo de Gobierno habrá pasado un año desde que se enunció la intención del Ejecutivo regional de dar amparo legal a la actividad de las más de 3.000 entidades que operan en este sector en la Comunidad.

El documento que aprobará previsiblemente el consejo de Gobierno este verano tendrá que pasar por el trámite de aprobación en las Cortes Autonómicas, con lo que las entidades sociales aún tendrán que seguir trabajando unos cuantos meses sin el amparo de la llamada ley del Tercer Sector . Es importante, por consiguiente, que se pudieran acortar los plazos en la medida de lo posible, tanto por parte de la Consejería como, posteriormente, en el parlamento autonómico puesto que las entidades asistenciales que con tan buena voluntad contribuyen a complementar el sistema público de Servicios Sociales lo hacen sin un marco legal propio o, lo que es lo mismo, se les aplica la legislación común, en la que no se tienen en cuenta las particularidades del Tercer Sector de la manera que se pretende cubrir con el nuevo marco legal.

Cabe resaltar que, tal y como detalló ayer Isabel Blanco, esta futura ley actualizará la normativa del voluntariado como parte integrante del tercer sector , dando una cobertura a esa labor desinteresada a la que también conviene ofrecer las garantías necesarias. De hecho, la propia consejera reconoció ayer que la normativa del voluntariado no se actualiza desde hace 13 años, un olvido que no puede prolongarse ya que afecta a cerca de  200.000 personas en la Comunidad que realizan acciones de voluntariado. La ley que prepara el gabinete de Isabel Blanco parte del reconocimiento y definición de las entidades del Tercer Sector, su tipología, el censo y su función que no es otra que «promover la inclusión social, el reconocimiento de los derechos de la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o en peligro de estarlo».

A mayores, y no menos importante, es que el texto legal, tal y como lo presentó ayer la consejera, se acuerda de regular el derecho de participación de las entidades en las políticas públicas de las administraciones, con las que deben coordinar, además, su labor diaria con los equipos de acción social básicos de la red autonómica. Aclarar los derechos y deberes de la parte pública y privada permitirá ganar en eficacia y, por otro lado, la nueva ley también determinará las obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro sobre las condiciones de trabajo de su personal, así como la supervisión y la transparencia de sus actividades. Es mucho lo que está en juego y la iniciativa lanzada por la consejera nada más tomar posesión merece que ninguna demora complique la tramitación de esta ley en un sector tan delicado .