El Mapa pone en jaque 8.000 hectáreas de viñedo en Castilla y León

La negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) a convocar ayudas al arranque de viñedo pone en jaque 8.000 hectáreas de uva en Castilla y León y unas 95.000 en toda España, según denuncian las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas). Se trata de una superficie que puede alcanzar el 10% de la cultivada en las comarcas viticultoras, que tendrán que pensárselo dos veces antes de renovar sus explotaciones.

Las provincias más afectadas de la Comunidad serán Valladolid y Burgos, las que cuentan con más superficie de viñedo, 31.003 y 21.564 hectáreas, respectivamente, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Solo en estos dos territorios el número de hectáreas afectadas podría superar las 5.000.

Con una afectación importante siguen en la lista Zamora y León, con 11.097 y 9.662 hectáreas, respectivamente, y que se juegan más de 2.000 hectáreas. Más abajo en la lista se suceden el resto de provincias, con menor superficie pero aun importante, pues todas ellas cultivan uva de vinificación para elaborar vinos de calidad.

Se trata de Ávila, la quinta provincia de Castilla y León en extensión de viñedo y 3.250 hectáreas; Segovia, con 2.250 hectáreas; Salamanca, con 1.940; Soria, con 1.779 y por último Palencia, con 439 hectáreas.

El sector vinícola de la organización estatal de Coag salió el lunes a la palestra para mostrar su "indignación y sorpresa" ante las declaraciones del ministro del ramo, Luis Planas, en las que "descarta ayudas estatales para el arranque de viñedo, sin abrir un proceso de diálogo previo con las organizaciones agrarias representativas para negociar medidas que limiten el potencial productivo ante la crisis de mercado a nivel mundial". Y es que, según la Opa, el "no" de Planas pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo en toda España, el 10% del total, ya que se cultivan unas 950.000 en el conjunto del país.

La organización se hizo eco del documento que remitieron al Mapa el pasado 12 de septiembre Coag, UPA y Asaja, en el que consensuaban medidas para salvaguardar el futuro de los viticultores españoles, "medidas que cuentan con el respaldo del conjunto de los integrantes de la Interprofesional del Vino de España", asegura la entidad. Las medidas van orientadas a limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda.

"No ha habido respuesta y nos encontramos estas declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas. Planas ha dinamitado la negociación antes de iniciarla en un momento en el que se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico. De hecho, Francia ya ha iniciado un programa para arrancar 30.000 hectáreas (5% superficie), para lo que la UE le ha autorizado a disponer ayudas estatales por valor de 120 millones, (4.000 euros por hectárea)", precisó Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de Coag.

En el mismo sentido se manifiesta el secretario general de Coag y coordinador de la Alianza UPA-Coag en Castilla y León, Lorenzo Rivera: "Se habla de que está afectada un porcentaje del 10% de la superficie. Eso irá en función de las provincias o de las comunidades autónomas, cómo tengan de estocaje y de problemas de superávit de producción de uva y de vino", explica en respuesta a este periódico. "Se habla de un porcentaje del 10%. En Francia de momento han autorizado el 5%, aquí quien más se llevaría es la que más produce, está claro, Castilla-La Mancha".

En cuanto a Castilla y León, "hay denominaciones de origen en que probablemente no tengan ninguna dificultad para vender, sobre todo vender el vino tinto que es el que más problemas está generando en el mercado, porque hay muchísima más oferta que demanda y en el blanco a lo mejor de momento podría pasar", apunta. "Sin embargo en Toro, por ejemplo, las blancas las están pagando muy poco, y allí hay muchos que podrían arrancar la viña blanca, porque no les merece la pena hacer el trabajo".

Por eso, señala el responsable de Coag Castilla y León, "primero se está pidiendo un diálogo con el ministro, un diálogo que no hay. Y desde luego, llegar a un consenso de que algo hay que hacer en esta situación en la que está ahora mismo el mercado global en todo el mundo".

"O se arranca viñedo y hay ayudas o de lo contrario esto es un desastre", advierte Rivera. "Cada año va a haber más problemas para poder comercializar la uva y en definitiva serían las bodegas las que empezarían a dejar de comprar, sería un problema cada vez mayor y eso que en La Rioja este año la cosecha ha sido floja y mala, pero si hay una buena cosecha en La Rioja no caben las uvas en las bodegas y el vino que hay de estocaje. Y cada año más, así que ese es un problema que hay que darle una solución", concluye.

Entre las medidas, que ya han sido remitidas al resto de administraciones e instituciones autonómicas y europeos que deben trabajar por el futuro del sector del vino, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo. "No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo", subraya, por su parte, Vizcaíno, el responsable del sector vinícola de Coag.

Asimismo, la entidad propone que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. "El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo", apuntan desde Coag.

Tras el periodo máximo de 6 años, las Opas proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. Coag, UPA y Asaja proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.

Desde Coag también han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

Vizcaíno remarca que la medida del arranque, como la reestructuración en diferido, se deben entender como medidas de control productivo en momentos de cambio estructural en el consumo como los actuales, cuya norma ha de estar preparada, para su posible desencadenante en caso de ser necesario.

"No son medidas aisladas, van incluidas en el paquete en el que proponemos otras flexibilidades, como el aumento de 3 a 8 años en la caducidad de las Autorizaciones de plantación para que el productor no tenga prisa por plantar por perderlas, o flexibilidades en las ayudas de promoción en terceros países. En definitiva, un conjunto de medidas que nos permitan adaptarnos a los cambios de mercado actuales y futuros", apostilla el responsable de Coag.

También critica la postura del Mapa la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). A través de su estatal, Unión de Uniones, destaca el "momento de crisis" que atraviesa el sector y muestra su malestar "porque el ministro descarte opciones a priori". Por ello denunció que las administraciones "efectuaron malas prácticas al imponer el arranque de variedades blancas y sustituirlas por tintas en los programas de reestructuración de viñedo financiado por el Pasve, por lo que no se puede lavar las manos tan alegremente".

Unión de Uniones señala que el sector "no puede seguir dando tumbos arrancando variedades blancas que ahora están siendo mucho más solicitadas que las variedades tintas, sin contar con datos fehacientes para llevar a cabo un proceso de reestructuración que se ha demostrado equivocado".

Por eso mismo, la organización considera necesario que, de manera paralela a los debates del Grupo de Alto Nivel Vino en Bruselas, "el Ministerio convoque con urgencia una Conferencia sectorial que dé cuenta de la demanda de arranque existente, defina las fuentes de financiación a utilizar, establezca los criterios de admisibilidad y prioridad y atienda a las señales del mercado con políticas de reestructuración, promoción e inversiones que permitan al sector afrontar los retos de futuro".

Y es que "si Francia se plantea arrancar hasta 100.000 hectáreas, pone a disposición del sector más de 120 millones de euros y está fijando importes de ayuda de hasta 4.000 euros por hectárea con el fin de reequilibrar el sector, no entendemos cómo el ministro deshecha esta opción que tendría efectos beneficiosos entre los viticultores con intención de abandonar el sector con un componente social importante, más aún después de cinco campañas con rentabilidades negativas en muchas zonas productivas", comentan desde la organización.

La organización agraria Unión de Uniones insiste en que "no solo es preciso contar con financiación suficiente, sino que también es necesario que los planes estratégicos que abundan en ejercicios econométricos que pocas veces se ajustan a la realidad tomen en consideración esas señales de los mercados".