Frente contra la deriva de precios del cereal

Los agricultores cerealistas, un cultivo en el que Castilla y León es líder nacional, están indignados por la injustificada «deriva de precios» del grano, que ha bajado un 40% desde 2022 y entre un 27 y un 15% respecto a 2023, en función del mes. Esta cotización da al traste con las expectativas de los profesionales del campo, que esperaban recuperarse de la nefasta cosecha del año pasado, marcada por la sequía. Mientras en septiembre del año pasado el trigo se pagaba a 242,70 euros la tonelada, en la penúltima semana del pasado septiembre el trigo cotizaba a 206,00, un 15% menos, según el Observatorio de Precios de la Junta de Castilla y León. Si se atiende a la cebada, el precio varió de 22,38 a 18,80 en el mismo periodo, una merma del 16%.

Aun mayor fue la diferencia de precios en otros meses del año. De enero a enero había bajado el trigo, por ejemplo, un 27%, de los 310,80 euros a los 220,60, o la cebada un 28,2%, de los 295,00 a los 211,90. El desplome es aún más evidente si se toma como referencia mayo de 2022, pues cayó un 40% el precio del trigo, que estaba a 343,10 euros la tonelada, y un 45,2% en la cebada, que se pagaba a 343,30.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) instan a los operadores a que frenen la especulación, y a las administraciones a que convoquen ayudas a los agricultores y tomen medidas para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria. Las grandes organizaciones, Asaja, UPA-Coag y UCCL, han protagonizado durante los últimos días actos de protesta, a menudo de forma conjunta, para hacer oír su voz y reclamar planes de acción contra las consecuencias económicas de esa «deriva» del mercado.

Asaja, que se manifestó recientemente en Soria junto a Coag y Upa, reivindica retribuciones justas por los productos del campo y denuncia la «calamitosa situación» de precios del cereal. Demanda medidas para salvaguardar las explotaciones cerealistas, y pide «justicia» en el mercado del cereal. «El campo lo tiene muy claro: si no se recuperan los precios, llegará la ruina y con ello el fin de la agricultura cerealista», apuntó la organización.

Con los lemas unitarios de Precios por los suelos y Por unos precios razonables, las opas convocantes quisieron poner el foco en los bajísimos precios, que «ahondan la crisis del sector cerealista y hacen completamente inviables a numerosas explotaciones profesionales familiares».

Asaja defiende que hay que tomar medidas «con urgencia», como «controles de calidad de las mercancías en los puertos, tener especial atención de los acuerdos de Europa con Ucrania, y un adelanto del 70% de la PAC en el mes de octubre para que las explotaciones tengan liquidez para afrontar la nueva campaña y sementera», subraya la organización.

Otra condición importante para que los agricultores salgan a flote es «el cumplimiento de lo recogido en la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe remuneraciones por debajo de los costes de producción». Y es que «la depresión de los precios en el plano internacional tiene una mayor repercusión por cuanto nuestro país, obligado a importar todos los años de media entre 15 y 20 millones de toneladas para completar el autoconsumo, se ha convertido en el primer receptor de trigo ucranio en Europa, de tal modo que una desmesurada entrada de grano está inundando de materia prima nuestros puertos, también de cereal ruso, a pesar de la imposición de aranceles».

Por ello el presidente de Asaja Castilla yLeón, Donaciano Dujo, exigió recientemente, en el escenario de la feria agraria Salamaq, que Europa imponga aranceles «de manera urgente» a las importaciones masivas de cereal desde terceros países.Un cereal que está entrando en el continente «sin ningún tipo de control».

«Nos están arruinando. Tenemos una sementera de 700, 800 euros por hectárea pero tenemos que vender el cereal a 200 euros, porque aunque tengamos una cosecha aceptable, como la que hemos tenido este año, no salen las cuentas», cifró el presidente autonómico de Asaja.

Seguro

Por otro lado, aseguró que hace falta un seguro agrario «más potente» en Castilla León, ya que engloba, por ejemplo, el 40% de la producción de cereal en España. De igual manera, insistió en que no se retrase «ni un momento más», la aplicación «con la máxima contundencia» de la Ley de la Cadena Alimentaria. «Las administraciones no están haciendo los controles, ni están poniendo las sanciones que de verdad obliguen a los intermediarios a que el eslabón primero, el más débil, que es el de la agricultura y la ganadería, sea digno y se le pague».

Asaja ha lamentado también, una vez finalizada en septiembre la asignación de la campaña 2023 de la Reserva Nacional para la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, primera de la nueva Política Agraria Común (PAC) 23-27, que Castilla y León recibirá menos dinero y en una superficie menor (211.709,55 euros y 1.086 hectáreas menos que en el año 2022), siendo una de las comunidades más perjudicadas, aun cuando el plan cuenta con un importe total de 18.744.646 euros y 4.669 agricultores beneficiados en toda España, lo que supone casi 4,5 millones más respecto a la asignación media del periodo anterior 2016-2022, y casi 6 millones respecto al 2022 último de la PAC anterior.

«Por número de beneficiarios, igualmente las cifras están muy descompensadas, ya que mientras que en España crecen un 88%, en Castilla y León solo aumentan un 10%», apuntó la organización en un comunicado. «Y el importe por hectárea, ya de por sí más bajo que la media nacional, baja también más. Es decir, la agricultura y ganadería de la Comunidad Autónoma pierden peso en este importante reparto de derechos que se realiza anualmente y en el que en el período anterior Castilla y León siempre encabezaba la distribución».

Por su parte, la Alianza UPA-Coag denuncia la «situación límite» en la que se encuentra el sector cerealista de Castilla y León, que está «sufriendo en primera persona unos precios que hacen muy compleja la viabilidad económica de sus explotaciones, teniendo en cuenta los altos costes de producción y la situación que vienen arrastrando con malas cosechas en las campañas 2022 y 2023».

La situación en Castilla y León es que desde hace semanas el precio de los cereales está en unos umbrales muy por debajo de los costes de producción, y sin embargo, el precio de los piensos, a los que se destina mayoritariamente ese cereal, no se abarata al mismo ritmo. «Nuestra organización denuncia una campaña más la realidad que sufren los productores, obligados a vender el cereal a la baja ante la presión especulativa que genera una situación límite a los productores más necesitados de liquidez, que deben responder a los préstamos bancarios o tienen que asumir las deudas contraídas por los altos costes de producción», apuntó la Alianza.

Ante esta «situación de indefensión», la Alianza UPA-Coag insta a las cooperativas de la Comunidad, que compran «hasta el 80 % del cereal de Castilla y León para destinarlo a elaborar piensos», que «den un paso al frente, puesto que tienen una obligación moral a mayores con los agricultores cerealistas».

Cooperativas

UPA-Coag propone a las cooperativas cerealistas de Castilla y León que se fijen en un modelo «como es el de Acor con el cultivo de girasol y colza, que hace rentable sus siembras a los agricultores». «Por ejemplo, la pipa de girasol común en la presente campaña en la Cooperativa se pagará a un precio mínimo de 370 euros por tonelada. En el caso del girasol alto oleico la cotización final será de un mínimo de 385 euros. Con estos precios, que finalmente como ha ocurrido en otras campañas serán superiores en sus liquidaciones finales, se garantiza al socio unos ingresos suficientes para impulsar el cultivo y lograr una rentabilidad para todas las partes», explica la organización agraria.

Los datos confirman que la necesidad de producción de piensos, a los que se destina la práctica totalidad del cereal, en Castilla y León es de 5,7 millones de toneladas, por debajo de la producción de cereal que ha habido esta campaña en la Comunidad, y que es prácticamente la media de producción en años normales, siempre según estimaciones de la organización.

Por otro lado, la Alianza recuerda que las importaciones «no llegan porque sí». Cuando viene un barco cargado de cereal de un tercer país «es porque hay uno o varios operadores que previamente han comprado ese cereal. Por ejemplo, uno de los mayores importadores de trigo en España opera precisamente desde Castilla y León; sus operaciones de importación condicionan totalmente los precios a nuestros productores», apunta.

«En la mayoría de las ocasiones, la importación de cereal no es la respuesta a un problema de falta de oferta de producto nacional, sino que es el modo de forzar la venta de éste a un precio mucho más bajo; lo que siempre se ha conocido como especulación», denuncia.

«Paradójicamente, podemos ver en el mercado productos con el sello ‘Tierra de Sabor’ que se han elaborado con harina molida en Castilla y León, o con leche, huevos o carne de animales alimentados con piensos molidos en Castilla y León, pero hechos con trigo, cebada, avena y centeno producido a miles de kilómetros de aquí», denuncia UPA-Coag. Se trata de un hecho que «no tiene sentido alguno, por lo que pedimos máxima responsabilidad y control a la Junta de Castilla y León».

La Alianza reclama también a la Junta que utilice «todas las herramientas de las que dispone» para incentivar que harineras y fabricantes de pienso que operan en Castilla y León «adquieran prioritariamente el cereal a los agricultores de Castilla y León». Una «buena medida incentivadora», asegura la Opa, sería «excluir del acceso a cualquier tipo de ayuda pública a aquellas empresas que no prioricen en sus compras a los productores regionales pagándoles un precio suficientemente remunerativo conforme exige la Ley de la Cadena Alimentaria».

Por otro lado la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) también denuncia el descenso de los precios en origen de los cereales, que «puede llegar a truncar las expectativas de los cerealistas de Castilla y León y transformar la cosecha de una campaña medianamente buena, en una campaña agrícola nefasta».

Intervención

La organización agraria observa cómo ha bajado el precio en origen «drásticamente», en cebada y trigo. «Esta situación nos hace pensar que se empieza a hundir de forma generalizada los precios de los cereales», apunta la Opa. «Desgraciadamente esta bajada no se ve reflejada de la misma forma en los piensos a los ganaderos y tampoco se ve reflejada en el precio final del pan».

Por todo ello, ante «las continuas y abusivas importaciones procedentes en mayor medida de Ucrania, UCCL reclama la puesta en marcha de mecanismos de intervención tales como aranceles que permitan garantizar unos precios por encima de costes de producción, que eviten la inestabilidad de los sectores agrarios. Tememos que esta tendencia bajista en los precios de los cereales haga vender la producción por debajo de sus costes».

UCCL junto a su organización estatal, Unión de Uniones, participó hace pocos días en sendas concentraciones, una frente al edificio de Unión Europea en Madrid, y otra en el puerto de Santander, como protesta por «la creciente importación de cereal ucraniano y el fuerte impacto que estaría teniendo, tanto en la agricultura como en la ganadería española».

Unión de Uniones, cuyos productores se encontraron en el acceso de mercancías del puerto de Santander, insistió en que los productores «no pueden seguir siendo los que paguen los platos rotos de todos los acuerdos políticos que se dan en Europa» criticó «la impasividad de la Comisión a la hora de realizar informes de impacto».

La organización insiste que los ganaderos «siguen pagando el pienso caro en una suerte de especulación» que se estaría dando en el sector de los cereales. Recuerda además que a España está viniendo «más de la mitad del cereal ucraniano que llega a la UE y, además, a precios cada vez más bajos». Se trata de «un factor determinante en la caída del precio del cereal nacional, que ha sido del 45% desde mayo de 2022».

La organización insiste en que en el Reglamento de apoyo a Ucrania se incluyeron ciertas medidas de salvaguarda para algunos productos sensibles a nivel de la UE y si los mismos criterios se aplicasen para las importaciones de trigo y maíz que entran a España desde Ucrania, deberían haberse reintroducido ya los aranceles que se eliminaron. Por último, Unión de Uniones destaca que no dudará en «sacar los tractores a la calle este invierno» si es «necesario».