El porcino pide tiempo para adaptar las normas UE de bienestar animal

Más tiempo para los ganaderos de porcino, para que adaptar la normativa de bienestar animal de la Unión Europea a sus explotaciones no suponga una ruina. Es lo que solicita el sector a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas). Asaja y Coag han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) una prórroga de tres años adicionales, (hasta 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas.

Esa prórroga permitiría, en primer lugar, la adaptación gradual y ordenada, para realizar una correcta adaptación a los nuevos requisitos sin una drástica caída de la producción. «Se estima que la implementación del RD 159/2023 y los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal supondrán una pérdida de entre 4 y 8 millones de cerdos cebados al año, dependiendo del método de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. La reducción de plazas oscila entre el 7,06% y el 16,34%», aseguran las dos entidades en un comunicado conjunto.

En segundo lugar, permitiría la alineación con la Normativa Europea, para esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008, para asegurar la coherencia con la normativa de la UE, y en tercer lugar, facilitaría llevar a cabo un plan coordinado de implementación entre el Ministerio, las comunidades autónomas y productores para una transición ordenada y efectiva.

Los cálculos realizados por el sector, «en base a presupuestos reales», asegura el documento, recogen un sobrecoste por encima de los 300.000 euros por explotación para adaptar las granjas a la reducción de densidades por metro cuadrado que, en el caso de querer ampliar la superficie de las mismas para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros.

En relación con ello, Coag y Asaja han reclamado también al Mapa ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.

Además, «los ganaderos se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas», apuntan las Opas. «Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal».

El Real Decreto 159/2023, que modifica las normas mínimas para la protección de cerdos establecidas en el RD 1135/2002 y alineadas con la Directiva 120/2008 de la UE, introduce nuevos requisitos de densidad de espacio por animal. Las principales modificaciones se refieren a la transición de lechones, que pasa de 0,2 a 0,24 metros cuadrados por animal, así como al engorde de cerdos, que pasa de 0,65 a 0,74 metros cuadrados por animal.

Más complejidad

«Cabe destacar que esta normativa va por delante de la normativa europea, lo que añade una capa adicional de complejidad y urgencia para el sector», apuntan desde Asaja y Coag. Por eso, ambas entidades proponen una modificación en las densidades de espacio por animal para lograr un equilibrio entre la normativa adicional de bienestar animal y la sostenibilidad económica de las explotaciones.

Las densidades propuestas van en función del peso vivo, y van de cero a 10 kilos, 0,2 metros cuadrados; entre 10 y 20 kilos, 0,22 metros cuadrados; de 20 a 30, 0,3; de 30 a 50, 0,45; de 50 a 85, 0,65; de 85 a 110, 0,68; de 110 a 130, 1 y más de 130 kilos, 1,18 metros cuadrados.

«La prórroga solicitada y la modificación de densidades propuestas son esenciales para asegurar una transición ordenada, mantener la viabilidad económica de las explotaciones y continuar contribuyendo al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales», han subrayado desde los sectores de porcino de Asaja y Coag.

Por otro lado, la Alianza UPA-Coag ha recibido de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León la confirmación oficial de que los patios exteriores serán considerados a todos los efectos como superficie útil para el ganado porcino.

El pasado 26 de junio la organización reclamó a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez Vidal, aclaraciones sobre la interpretación en Castilla y León de la modificación del Real Decreto 1135/2002 relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, realizada a través del Real Decreto 159/2023 de bienestar animal.

La Alianza UPA-Coag reclamaba al Gobierno autonómico que no se dañaran los intereses de los ganaderos de porcino de Castilla y León, y que se nos aclararán algunas dudas sobre las modificaciones del Real Decreto, puesto que en explotaciones nuevas comenzará a aplicarse de inmediato, y para explotaciones de porcino ya existentes se aplicará a partir del 8 de marzo del 2025.

Precisamente una de las quejas de la organización, según explica en un comunicado, estaba relacionada con el incremento en la superficie que los cerdos deben tener a su disposición. En Castilla y León, entendía la Opa que la aplicación de la norma por parte de la Administración autonómica de esta superficie disponible era la construida y útil (naves), mientras que en otras Comunidades Autónomas como Extremadura y Andalucía, interpretan y aplican como superficie a disposición también los metros cuadrados de patio.

Esta situación provocó la petición expresa de la Alianza UPA-Coag para que los ganaderos de Castilla y León no fueran discriminados respecto a los de otras comunidades autónomas, y que se aplicase el Real Decreto como se interpretaba en otras regiones.

Según los estudios realizados por la organización agraria, esta diferencia en la interpretación de la norma supondría que un cerdo de más de 130 kilos, que debe tener 1,3 metros cuadrados a su disposición, en Castilla y León debería disponer de 1,3 metros cuadrados útiles de nave con independencia de que tenga adicionalmente a su disposición un metro cuadrado de patio. Mientras que ese mismo cerdo en Extremadura o Andalucía para cumplir la normativa puede disponer de 1 metro cuadrado útiles de nave más 1 metro cuadrado de patio.

Esa diferencia de criterio de interpretación de la norma, dejaba en una grave situación de inferioridad y perjuicio a los productores de porcino de Castilla y León. La Administración autonómica ha dado la razón a la Alianza UPA-Coag, y por lo tanto los patios serán tenidos en cuenta como superficie útil dentro de las normas mínimas para la protección de cerdos.