La prórroga de la doble tarifa eléctrica para regadío no convence a las Opas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) aireó hace pocos días la «buena noticia» de la prórroga, durante un año más, de la medida que permite a los regantes cambiar sin coste la potencia de tarifa eléctrica en menos de 12 meses. Bien, los agricultores podrán beneficiarse de ello un año más, pero en el fondo la noticia suscita hartazgo por parte de los profesionales del campo. Y es que desde hace años el Gobierno de España debería haber puesto en marcha el contrato de doble tarifa de forma permanente.

Así lo han denunciado las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas). La primera en salir a la palestra fue el pasado jueves Unión de Campesinos de Castilla y León, que critica el «empecinamiento del Miteco en no regular de forma permanente una modalidad de contrato eléctrico para regadío con dos potencias diferentes a lo largo del año, tal y como le obliga la Ley y como ha sentenciado el Tribunal Supremo».

El Real Decreto Ley 4/2024, publicado ese mismo día en el BOE, prorroga hasta el 31 de diciembre próximo la medida excepcional aprobada en octubre de 2022, como respuesta a la sequía y a la crisis de Ucrania, que permite que los regantes se puedan acoger a un sistema de acceso eléctrico de doble potencia sin penalización, si bien «esto debería estarse haciendo ya con carácter permanente».

UCCL tilda esta medida de «parche» que está siendo usado como excusa por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «para no cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a adoptar una medida similar, pero con carácter permanente».

La organización ha recordado que denunció al Miteco por incumplimento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que disponía que el Gobierno debería haber regulado en el primer semestre de ese año una modalidad de contratación para el regadío que permitiera contar con dos potencias diferentes a lo largo del año para evitar los costes fijos del contrato fuera de las temporadas de riego.

Incumplimiento

Ante ese incumplimiento de la Ley, Unión de Uniones, la organización estatal de UCCL, presentó contencioso administrativo ante el Supremo, que condenó al Miteco en marzo de 2023 a poner en marcha dicho contrato en un período de 6 meses; «sentencia que de momento tampoco ha sido ejecutada y que ha motivado la presentación por parte de Unión de Uniones en noviembre del año pasado una demanda de ejecución de sentencia que aún sigue pendiente de resolución», detallan desde la Opa.

Según los cálculos realizados por la organización sobre explotaciones reales, el ahorro que supone para una explotación media de 4-5 hectáreas de regadío el disponer de este contrato de doble potencia sería de entre 2.000 y 3.000 euros al año en función de los cultivos.

«Es indignante el empecinamiento del Miteco en este asunto», apunta la Opa, «que se posiciona al lado de las eléctricas, desoyendo una vez más a nuestro sector, por lo que la organización reclama que el Miteco deje de incumplir la Ley e ignorar la sentencia del Supremo y adopte de una vez con carácter definitivo esta medida».

El Mapa, sin embargo, saca pecho de esta «medida de flexibilización de los contratos de suministro de energía eléctrica», según explicó en un comunicado, ya que «es una demanda histórica de los regantes a las distintas administraciones» y «ha sido este Gobierno el que finalmente la puso en marcha, por primera vez, en el último trimestre de 2022, y se ha mantenido de forma temporal desde entonces». De esta forma, detalla el Mapa, «es la Administración General del Estado la que asume el coste de los cambios de potencia que permiten al regadío reducir los gastos».