Escaso avance de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) presentó el jueves al Consejo del Agua, reunido en Valladolid, el informe anual de seguimiento del Plan Hidrológico del Duero correspondiente a 2023, el primero del nuevo ciclo 2023-2027. El balance no satisfizo a muchos agentes del sector, que ven cómo la norma se aplica sin que se alcanzara un consenso para su aprobación.

Así, Asaja quiso poner de manifiesto ese desacuerdo, pues el Plan Hidrológico del Duero, «aprobado por el RD 35/2023 y que entró en vigor el 11 de febrero de 2023, es una imposición del Gobierno de España, al no contar con la aprobación previa de la Junta de Castilla y León ni de los representantes de los regantes (organizaciones agrarias y comunidades de regantes) y ser por tanto rechazado mayoritariamente por el Consejo».

La organización agraria también subrayó que aunque 2023 fue un año hidrológicamente muy difícil por motivo de la sequía climática y en determinados casos también la sequía hidrológica, «el sector agrario ha demostrado responsabilidad en la gestión de este recurso, al consumir únicamente el agua estrictamente indispensable para sacar adelante los cultivos, y llevando a cabo prácticas agronómicas que no han perjudicado la calidad del recurso, como es el uso racional de los abonos y de los fitosanitarios».

Asaja dejó claro, a través de un comunicado, que no comparte la decisión sobre caudales ecológicos más restrictivos que se impusieron en este Plan, ni que «se haya cerrado la puerta a nuevos regadíos, condenando la agricultura a no crecer en los próximos años» como tampoco comparte «que se haya prohibido que se establezcan nuevas ganaderías en zonas de acuíferos considerados en mal estado cuantitativo, cuando la ganadería representa una demanda de agua residual».

La organización agraria puso de manifiesto, además, el «escaso avance en las inversiones previstas en el Plan, y en particular las que tienen un cometido agrario», y denunció que «quedará una gran parte sin ejecutar porque no hay un compromiso por parte de otras administraciones públicas para incluirlo en sus presupuestos». La Opa señala que se trata de un presupuesto «voluntarista» hecho «sin el compromiso de las administraciones que gestionan esas inversiones, como Ministerio de Agricultura o Junta de Castilla y León». «Recordamos que el programa de medidas del Plan alcanza los 2.265 millones de euros, de los cuales se han ejecutado en 2023 tan solo el 8,53%», añade la Opa.

Precio

En otro asunto controvertido, como es la aplicación del principio de recuperación de costes que contempla el Plan, Asaja valora que el Gobierno no haya aprobado la normativa que permita subir el precio del agua. «Los costes del agua en el sector agrario, en el año 2023, fueron de 421 millones de euros en costes financieros y de 218 millones de euros en costes ambientales (estos establecidos con los criterios arbitrarios de la CHD), un total de 640 millones de euros, de los cuales se ha repercutido en los regantes el 55%, porcentaje este último muy próximo al 57% que se repercute en los gastos del agua de consumo humano», explica.

También Asaja reitera su descontento por los «tediosos trámites administrativos que soportan los agricultores y ganaderos en todas sus gestiones con esa administración con competencia en materia de agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y los insoportables tiempos que transcurren hasta que los expedientes son resueltos». La Opa denuncia la retención de muchas solicitudes presentadas durante el anterior plan hidrológico de cuenca «que tras estar paralizadas años se han denegado masivamente a los pocos meses de aprobarse el nuevo plan hidrológico, al aplicarse las normas más restrictivas del mismo».

Esta lentitud administrativa «frena la inversión tanto en agricultura y ganadería como en pequeñas agroindustrias, y con ello el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestros pueblos», concluye Asaja.

La CHD, por su parte, hace hincapié en que la inversión total prevista hasta 2027 es de 2.265 millones de euros, y que en 2023 «se han ejecutado diversas actuaciones destinadas a prevenir inundaciones, satisfacer las demandas de agua, incrementar la disponibilidad, la depuración de las aguas residuales, modernización de regadíos, mejora de las infraestructuras hidráulicas y otros, por valor de 193 millones de euros».

En la reunión del Consejo del Agua se decidió constituir una comisión específica para deliberar y formular propuestas sobre los asuntos internacionales relativos a la demarcación en el marco del Convenio de Albufeira. Esa comisión estará presidida por la presidenta de la CHD, y conformada por una representación de todos los sectores que integran el Pleno.