El canal de Buitrago clama por una modernización que no llega

A principios de 2019 se presentaron las obras de modernización del regadío de Buitrago para mejorar la producción de 2.600 hectáreas, una actuación que en su momento estaba presupuestada en 14,5 millones de euros, pero que el retraso en los trámites administrativos ha llevado a duplicar su coste, hasta los 27 millones de euros, lo que se complica para los propietarios porque se ha incrementado considerablemente la parte que tienen que sufragar ellos hasta los 9 millones. Y mientras tanto, el proyecto sigue sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental, que salió a información pública hace ya un año.

Debido al incremento generalizado de los costes de las materias primas y de los materiales empleados en las obras de construcción, el Ministerio de Agricultura anunciaba el pasado verano pasado una segunda adenda al convenio firmado con la Sociedad de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para las obras de modernización de regadíos, mediante la que se actualizaba la financiación de algunos proyectos, entre las que figuraba el Campillo de Buitrago, que iba a ver aumentado su presupuesto en 15,09 millones. De este modo, la inversión del Ejecutivo central en el Canal se quedaba en 27 millones de euros.

Cabe recordar al respecto que el proyecto cuenta con marco financiero establecido en un convenio firmado por los propietarios del Canal de Buitrago, Seiasa y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), en el que se establece una financiación a fondo perdido por parte de la Junta de un 26% del total de la obra. El 74% restante lo asume Seiasa, y de ese montante a su vez la comunidad de regantes tiene que costear el 32,5%.

Una cantidad que según el presupuesto inicial era de unos 5 millones, pero que con la actualización del coste, finalmente los 688 propietarios tendrán que pagar de su bolsillo 9 millones de euros. Una cantidad que se asemeja más a las cifras recientes de una modernización tipo, de modo que podría suponer un desembolso de unos 4.000 euros por hectárea. De ellos, 2.000 serían a pagar durante las obras y el resto, a partir del año 26.

El sobrecoste se sometió a votación y contó con el respaldo de los regantes, porque, de lo contrario, la modernización no podía seguir adelante. Pero lo cierto es que a día de hoy la ampliación del presupuesto no ha sido firmada por las partes, según asegura el presidente del Campillo, Alberto García.

Y mientras tanto, la Junta de Castilla y León ha incluido 1,9 millones de euros en sus presupuestos para 2024 con destino la modernización del regadío de Buitrago, que no puede acometer si no está la Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

Fue en abril de 2023 cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacó a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el proyecto de modernización de regadío en la Comunidad de Regantes del Canal del Campillo de Buitrago por el que solicitaba el inicio del procedimiento ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental, pero hasta la fecha sigue sin resolverse.

La tramitación administrativa oficial de esta modernización del regadío se remonta a diciembre de 2018, cuando se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona, que se divide en tres demarcaciones. En el momento en el que se plantearon las obras de regadío del Canal de Campillo de Buitrago, cuando se firmaron los primeros convenios en septiembre de 2019, figuraba una superficie de 2.619 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Buitrago, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria, Garray, Renieblas y Velilla de la Sierra. Después, entre noviembre y diciembre de 2019 salen a información pública las bases provisionales de todas las zonas, en las que se propone un perímetro de actuación de 2.367 hectáreas, de modo que se recortaba así la superficie en 250 hectáreas. Pero finalmente en el proyecto que se presentó para la Declaración de Impacto Ambiental figuraban 2.507 hectáreas.

Esta disparidad de cifras parece ser la causa de que el proyecto esté pasando por todas las administraciones responsables, para ver si se llega a una solución. Porque la comunidad de regantes busca «que se compense la superficie» que se ha retirado de la modernización al estar en zona del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y del aeródromo de Garray, alargando la demarcación 1, «hacia Renieblas», tal y como indica Alberto García, pero de momento no tiene respuesta alguna. Y hasta que esto no se aclare, no se publican las bases definitivas, con lo que no se puede continuar con la concentración parcelaria y la modernización sigue en el aire.