Bruselas cede con la PAC, pero no lo suficiente

Bruselas cede ante las movilizaciones de agricultores y ganaderos, pero no lo suficiente. La Comisión Europea ha aprobado un paquete de medidas, pendientes de aprobar por el Parlamento Europeo, que flexibilizan la Política Agraria Común (PAC), pero no satisfacen a los profesionales del sector. Tanto es así que las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) ya se han posicionado en contra. Mientras una califica las medidas como «migajas y humo» otra denuncia que algunas de las medidas solo afectan al 10% de las tierras agrícolas. Solo una se ha mostrado abiertamente complacida, aunque exige ahora que Gobierno y Junta avancen en su aplicación.

Quien sí se ha apresurado a cantar las excelencias del acuerdo ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), cuyo ministro, Luis Planas, mostró su satisfacción por la «gran responsabilidad» que, según su criterio, ha mostrado tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros de la Unión para «dar una respuesta europea contundente y rápida» a las inquietudes y preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las manifestaciones que se han sucedido en las últimas semanas en distintos países europeos.

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, celebrado el pasado martes en Bruselas, dio luz verde a la propuesta de modificación legislativa presentada diez días antes por la Comisión para simplificar y flexibilizar la Política Agraria Común (PAC).

El Consejo acordó, por mayoría cualificada, remitir al Parlamento Europeo el texto con la propuesta de la reforma del reglamento de base de la PAC para acelerar el procedimiento y que pueda ser aprobado antes de final de abril, con el objetivo de que se publique a la mayor prontitud en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue), según informó el Ministerio, cuyo titular aseguró que el Consejo ha hecho «lo necesario» para acelerar el procedimiento, con el objetivo de que las principales medidas «puedan aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024».

El apoyo del Consejo de ministros resulta crucial para conseguir «reglas claras y seguridad jurídica» en esta campaña 2024. Sobre todo porque el sector se encuentra en un momento clave, ya que comienzan las siembras de primavera y está en plena campaña de presentación de solicitudes de la PAC, que finaliza el próximo 30 de abril.

España ha abogado por la aplicación retroactiva de los cambios, desde el 1 de enero de 2024, sobre todo en lo relativo a la condicionalidad, expresamente en cuanto a las modificaciones de las normas de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) relativas a la cobertura mínima del suelo (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y la referida a las superficies no productivas (BCAM 8).

El ministro también ha mencionado la necesidad de seguir trabajando en la simplificación de otras medidas como la relativa a las fotos georreferenciadas o la promoción, que se ha convertido en una «herramienta farragosa» para los beneficiarios.

Otro de los puntos que más preocupación suscita entre los agricultores y ganaderos europeos es el referido a su posicionamiento en la cadena alimentaria. Respecto a ello, la Comisión quiere llevar a cabo un cambio normativo sobre la Cadena Alimentaria y Prácticas Desleales en línea con la ley española de cadena, para garantizar que los productores reciban una remuneración digna por sus alimentos, o garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo, una de las demandas del sector y clave para un país como España, que exporta alimentos por valor de 70.000 millones anuales, de los que las dos terceras partes son dentro de la Unión Europea, según datos del Mapa.

Armonización

La armonización de esta legislación a nivel comunitario es una demanda del Mapa, que defiende que la directiva sobre prácticas comerciales desleales «debe configurarse en el futuro como el tercer pilar de la PAC», junto a las ayudas directas y el desarrollo rural. «Tanto una remuneración justa de los agricultores como la generación de valor deben estar integrados en la nueva normativa comunitaria para que su cumplimiento sea vinculante, en lugar de estar sujetos a la voluntariedad de un código de buenas prácticas o similares», señala el Mapa.

El Gobierno de España introdujo un punto en el orden del día sobre las nuevas técnicas de edición genética para impulsar la competitividad de la agricultura europea para «reconciliar la ciencia con la agricultura», ya que es «muy importante para el futuro de la producción agroalimentaria avanzar en la regulación sobre las nuevas técnicas genómicas». La nueva herramienta tecnológica permitirá asegurar la necesaria transición del sistema alimentario hacia una producción más sostenible y rentable, sobre todo en un contexto como el actual de cambio climático, inestabilidad geopolítica o el incremento de los costes de producción.

Asaja Castilla y León no valora tan positivamente como el Mapa el acuerdo alcanzado en Bruselas. La entidad, por medio de su delegación en Valladolid, calificó de «migajas y humo» las medidas de flexibilización de la PAC por las que «saca pecho» el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La Opa afea el optimismo mostrado por el responsable del campo español: «Asaja Valladolid es muy crítica y cree que las medidas propuestas por Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, respaldadas por responsable español, son una auténtica tomadura de pelo que persiguen acallar las protestas del campo y no resuelven el problema principal de la rentabilidad», asegura. Desde la organización, se pide al titular de la cartera de Agricultura y Ganadería española, que «no sea conformista y luche por conseguir unos objetivos más ambiciosos». Logros «que incidan de lleno en la rentabilidad de agricultores y ganaderos, y no solo en la flexibilidad de la PAC, que, aunque es bien recibida, no es el objetivo principal de las protestas». Asaja Valladolid calificó estas propuestas de flexibilización de «insuficientes» y avanzó que seguirán las protestas para conseguir soluciones «que permitan al campo un futuro y una viabilidad económica para las explotaciones».

Tampoco Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se mostró conforme con las medidas de flexibilización. A través de su organización estatal, Unión de Uniones, aseguró que aunque apoya las medidas de flexibilización aprobadas por el Consejo de Ministros de Europa, considera que son «insuficientes para atajar la crisis estructural que está atravesando el sector también por el lastre que están suponiendo las medidas medioambientales».

La organización celebró esa parte de lo aprobado «que tiene que ver con flexibilizar la aplicación de los planes estratégicos de la PAC, simplificar su ejecución y reducir las cargas administrativas así como dar mayor flexibilidad en el cumplimiento de determinadas condiciones medioambientales sin olvidar, según el Consejo, la necesidad de ‘un cuidadoso equilibrio entre la necesidad de mantener el alto nivel de ambición medioambiental y climática de la actual climático de la PAC actual y garantizar que se tengan en cuenta las preocupaciones de los agricultores’».

UCCL explica que las modificaciones de las normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) aprobadas por la Comisión Europea, se articulan a través de la introducción de una disposición general que permite a los Estados miembros conceder excepciones temporales y específicas a determinados requisitos de condicionalidad en caso de condiciones climáticas imprevistas que impidan a los agricultores cumplirlos. Afectan de manera explícita a la Bcam 6, más flexibilidad para decidir qué suelos proteger y en qué estación, en función de las especificidades nacionales y regionales; la Bcam 7, se permite utilizar la diversificación de cultivos como alternativa; la Bcam 8, los agricultores sólo estarán obligados a mantener las características paisajísticas existentes.

Aliviar la carga administrativa, al tiempo que se mantiene un alto nivel de ambición medioambiental en la Política Agrícola Común, pasa, a juicio de la Comisión, por eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de los requisitos de condicionalidad de la PAC. «No obstante, esta medida solo afectará al 10% de las tierras agrícolas», apuntan en Unión de Uniones.

La Opa admitió que este paquete de medidas de simplificación muestra «una cierta toma en consideración de las dificultades a las que se enfrentan sobre el sector». Son modificaciones demandadas «que proporcionarán más flexibilidad a los agricultores» a la hora de llevar a cabo la transición hacia una agricultura más sostenible de una manera que tenga en cuenta las condiciones agronómicas y climáticas y locales.

«Todo esto nos parece bien, pero es preciso y urgente ir más allá de las medidas adoptadas que, siendo necesarias, no son suficientes», aseguró la organización. «Los agricultores y ganaderos seguimos siendo los pagafantas del sobrecoste que supone un discurso medioambiental radical y que sigue permitiendo que la actividad agraria sea moneda de cambio para las ínfulas geoestratégicas de una UE que parece no encontrar su lugar en el mundo», señaló.

UCCL considera que hay «muchos temas sin abordar, como el tema de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal». Recalca que no se ha avanzado en torno a temas importantes que el Consejo no ha tenido ocasión de plantear: la necesidad de un marco estable y predecible que evite «la enorme incertidumbre en la que se desenvuelve el sector»; un discurso ambiental que se ha de ajustar y consolidar el papel estratégico de la actividad agraria «y que más parece ir por vías paralelas y contradictorias con la realidad socioeconómica del sector».

Asimismo la norma «se ha quedado pendiente de abordar temas fundamentales para el sector» como la adopción de medidas para reforzar la posición de los agricultores para garantizar unos ingresos justos; aliviar la presión financiera o la necesidad de velar por una competencia «basada en normas equitativas a escala mundial y en el mercado interior». Por último, Unión de Uniones señala que ahora «es el momento de actuar por parte de las administraciones a nivel estatal y autonómico», con el margen de maniobra abierto por Bruselas.

Satisfacción

UPA Castilla y León, sin embargo, se mostró satisfecha con las medidas de flexibilización aprobadas ayer en Consejo europeo de Ministros, a las que calificó de «positivas». Un logro que atribuyó a «las manifestaciones y negociaciones abiertas en las mesas de diálogo entre gobiernos y organizaciones profesionales agrarias».

«En esta campaña agraria 2024 los agricultores españoles verán mejoradas notablemente las condiciones y requisitos que imponía Bruselas para recibir las ayudas de la PAC. Aspectos como el manejo de los barbechos, la rotación de cultivos, el laboreo de las parcelas, la siega de pastos o las condiciones para el pastoreo sufrirán modificaciones en línea con lo que organizaciones como UPA llevan largo tiempo reclamando», aseguró la Opa en un comunicado.

UPA Castilla y León califica de «avance positivo» el acuerdo, que deberá ser ratificado. UPA vincula directamente este movimiento político de la Unión Europea con las movilizaciones en todo el continente en los últimos meses, «y también con la imprescindible labor de las organizaciones profesionales agrarias que en cada país han abierto en las mesas de diálogo proponiendo y trabajando en avances para los agricultores y ganaderos». Europa y España, según la organización, «no podrán quedarse de brazos cruzados ante la revuelta del campo y ante las peticiones valientes y firmes de las Opas en las mesas de diálogo que por ejemplo se han abierto en nuestro país», apunta Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León.

La Opa exige que esta decisión se «remate» con un gran acuerdo a nivel nacional que incluya el resto de reivindicaciones que necesitan los agricultores y ganaderos, así como con acuerdos a nivel autonómico como es el caso de Castilla y León en materia agrícola pero también ganadera.

UPA aplaude cuestiones como la no obligatoriedad del cuaderno digital de explotación –una herramienta que califican de positiva, pero que no debe imponerse– o las reformas «que van a llevarse a cabo en materia de cadena alimentaria y prácticas desleales», para garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo «y hacer vinculante el que haya una remuneración justa de los agricultores».