Más bienestar animal con más burocracia

Las organizaciones profesionales agrarias critican el obligatorio plan de bienestar animal , que es «sinónimo de burocracia y costes sin ninguna ayuda y plazos cortos de adaptación». En los últimos días ha salido a la palestra Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a través de su estatal Unión de Uniones, que asegura que «lo que realmente garantiza el bienestar animal es que el ganadero pueda pasar tiempo con sus animales para dedicarse a su observación y cuidado».

Y es que tras la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 de controles oficiales de bienestar animal, en el que se modifican varios decretos, la Opa critica que supone más carga burocrática. Con esta normativa, se extiende la obligación de disponer de un Plan de bienestar animal, exigible a las explotaciones porcinas y avícolas, al resto de explotaciones ganaderas (aunque excluye al sector apícola), excepto aquellas con una dimensión mínima (5 UGMs en vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo). 

Dicho plan tendrá que realizarlo el veterinario de explotación y será el titular el responsable de cumplir lo dispuesto. Unión de Uniones cree que esto es una formalidad que «quita tiempo a los productores y, en cuanto a las exigencias de estructura, también supone un aumento de costes de adaptación».

El sector porcino es el más afectado, pues las exigencias del Real Decreto tendrán un mayor impacto ya que se incrementan las superficies de suelo libre mínimas disponibles que deben tener los cerdos, incrementos de hasta un 33% en algunos casos. Esta nueva exigencia va a obligar a reducir el nivel de producción y por tanto de ingresos de los ganaderos, o a endeudarse en nuevas inversiones para mantener su nivel productivo, con lo que estas medidas, sin ayudas para la adaptación, por otro lado, extremadamente corta (únicamente dos años), viene a perjudicar a los porcicultores de granjas de tamaño medio y pequeño, con menos recursos.

«La cadena de valor del porcino obliga a trabajar con unos márgenes muy ajustados para e ganadero, con lo que este Real Decreto –que implica de facto una reducción de animales por granja, ya que las ampliaciones son a menudo inviables–, es ya la puntilla», critican desde la organización. Asimismo, se incorporan otras medidas como destinar un 2,5% de la superficie a zonas de observación y aislamiento, incorporar aparatos de medida o el registro de concentración de determinados gases. Unión de Uniones considera que estas medidas vuelven a suponer «nuevas inversiones y costes para el ganadero».

En cuanto al sector vacuno, también se establecen disposiciones que generan una mayor necesidad de espacios para los terneros y una adaptación de las instalaciones actuales a la normativa, que, tampoco para este sector, viene acompa ada de apoyo alguno. La Opa reclama unos plazos de adaptación mayores a los establecidos y apoyo económico ya que, si no, «se va a provocar numerosos cierres, precisamente de aquellas granjas a las que desde el Ministerio aparentemente dice querer proteger, que son la de corte profesional que vertebran y generan empleo en el medio rural».