La reducción de módulos de IRPF bajará la base imponible en 105ME

La reducción de módulos para agricultores y ganaderos publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)beneficiará a más de 62.000 profesionales del campo en Castilla y León, a los que minorará la base imponible unos 150 millones de euros. La orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública reduce, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos). 

La norma recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices. Esta reducción de módulos, según informó  el Mapa, se suma a la del 20% en el rendimiento neto aprobada para el conjunto del sector agrario en el Real Decreto-Ley 4/2022 de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción.

El conjunto de estas medidas puede suponer para Castilla y León una reducción de la base imponible estimada en 105 millones de euros. Unos 43 millones de euros se corresponden con las reducciones de índices de las actividades agrarias, mientras que otros 62 millones de euros serían por la reducción extra del 20 % del rendimiento para hacer frente a la sequía. Algo más de 62.000 agricultores y ganaderos castellanoleoneses se acogieron en 2019 al régimen de estimación objetiva agraria.

El Mapa estima que el conjunto de las reducciones de módulos pueda implicar una rebaja de la base imponible del orden de los 1.093 millones de euros en toda España, que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen el sistema de módulos del IRPF para tributar. 

El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos del país. Las reducciones de módulos aprobadas en la orden se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF.

Estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 2021, como la borrasca Filomena del mes de enero, las heladas en el mes de marzo y la falta de precipitaciones a lo largo del año.

La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de rendimiento neto de todos los sectores ganaderos y del viñedo. Además, se han aprobado un elevado número de reducciones en sectores específicos por comunidades autónomas, provincias y municipios, entre las que destaca la aplicada para los frutos secos en importantes áreas productoras.

Además, se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que éstos representen más del 50 % del importe total de la alimentación animal. La reducción por este concepto puede alcanzar 38 millones de euros en el total estatal. El índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50.

Igualmente y de forma extraordinaria por las dificultades de la situación, se amplía en 5 puntos la reducción del coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años anteriores. Así los agricultores que utilizaran la electricidad para el riego se beneficiarán de una minoración del 25 % en el rendimiento neto para cultivos regables (el año anterior fue el 20 %), extensible a todos los regadíos, y no solo a los de consumo estacional. Esta medida supondrá una rebaja de unos 39 millones de euros en total de España.

Las Opas han salido a la palestra para valorar, por un lado, la decisión del Gobierno, pero en el otro lado de la moneda han puesto de manifiesto algunas deficiencias de la norma.

Así, Asaja Castilla y León agradece la reducción de módulos, pero lamenta que hacienda «se olvide de producciones como la patata». La organización celebra que parte de sus propuestas «hayan quedado recogidas, y en especial que se hayan recogido todos los sectores ganaderos o los cultivos de regadío que utilicen energía eléctrica», pero critica que otras «han sido ignoradas por Hacienda, siendo especialmente grave el olvido de la patata».

piensos

Asaja valora positivamente la reducción del índice al 0,5 por piensos adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50% del importe de los consumidos. También «se ha atendido la petición del sector de revisar a la baja los índices de todos los sectores ganaderos que han sufrido un importante aumento de los costes de producción». Del mismo modo, la Opa valora la reducción del índice al 0,75 cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío que utilicen a tal efecto la energía eléctrica.

Sin embargo, «no se ha atendido la petición de Asaja Castilla y León de reducción del módulo de la patata para el conjunto de la Comunidad, a pesar de haberse producido durante el año 2021 una significativa caída de los precios que recibe el agricultor». Desde la entidad siguen reivindicando que se cumpla con la obligación recogida en la Ley 11/2020 de establecer reglamentariamente una modalidad de contrato que contemple las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del regadío, «máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores», así como la de reducir los costes de producción que soporta el sector agrario «independientemente del sistema en el que se tribute».

Por último, «hay que recordar que estas medidas benefician exclusivamente a las explotaciones que están adscritas al sistema de módulos, que numéricamente son las más numerosas, pero deja fuera a otras que están obligadas a cotizar en otro régimen fiscal, bien por estar más dimensionadas o bien por gestionarse bajo fórmulas jurídicas asociativas, algo muy frecuente en el caso de granjas ganaderas como el vacuno de leche», recuerda Asaja.

Además, en determinados términos municipales de todas las provincias «existen reducciones mayores para ciertas producciones que vienen recogidas específicamente en la propia orden, con criterios dispares que el sector no siempre entiende».

Por su parte la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), una vez analizada la Orden, «vuelve a denunciar que los criterios utilizados son completamente arbitrarios y no responden a ninguna lógica ni sentido común», subraya la organización, que asegura no entender «cómo es posible este sistema de actuar que da lugar a incongruencias tan grandes, en donde un término municipal entra y el otro limítrofe no, cuando ambos han sufrido las mismas condiciones adversas o excepcionales, como son las inclemencias meteorológicas». 

Por eso UCCL solicitará, «como todos los años, la revisión de los criterios en los casos que consideremos que se han producido circunstancias excepcionales y que sin, lógica alguna, han sido excluidos de la reducción». La Opa pide una modificación del sistema empleado para la reducción de los módulos fiscales, ya que el actual «genera importantes agravios comparativos entre agricultores y ganaderos de una misma comarca, según el término municipal en el que se encuentre el afectado, e incluso sus parcelas», asegura.

Reprocha la entidad, además, que los agricultores y ganaderos «llevan más de un mes esperando para hacer la declaración de la renta a la espera de que la administración publicara la citada orden. Vemos que cada año lo publican más tarde», concluye.