Un campo sostenible en clave de sol

Ley de cambio climático sí, pero que sea sostenible. Parece una paradoja, pero el crecimiento sin control de energías alternativas, de las denominadas ‘verdes’, también puede perjudicar el campo. Así lo han dicho estos días los agentes del sector en contestación a la recién aprobada Ley de cambio climático, y en especial en cuanto a la acentuada proliferación de estaciones fotovoltaicas.

Castilla y León tramita ahora dos centenares de plantas fotovoltaicas en las nueve provincias, con una potencia total que supera ampliamente los nueve gigavatios. Eso supone que se dedicarán a la producción de energía, y no de alimentos, más de 18.000 hectáreas, a una media de algo más de dos hectáreas por kilovatio. ¿Hay una solución sostenible a esa tendencia? A juicio de los productores sí: limitar estas instalaciones a suelos no productivos.

Es difícil frenar ese tsunami que lleva a dedicar terrenos de cultivo a la producción de energía. No solo porque supone enfrentarse a los intereses de las compañías eléctricas y, ahora más que nunca, de la Administración –volcada en las ‘agendas verdes’ europeas y en la ‘transición ecológica’–. También implica la difícil tarea de convencer a los agricultores de que renuncien a percibir entre 1.000 y 1.200 euros por cada hectárea que arrienden a esas compañías, más rendimiento de lo que les reporta cultivarla.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) han sido las primeras en salir a la palestra para denunciar el problema. Asaja Castilla y León ha expresado su preocupación por la gran cantidad de proyectos de macroparques, que a su juicio se están extendiendo «como una enorme mancha de aceite» por diferentes territorios de Castilla y León. «Cuando hablamos de macroparques hablamos de cientos de hectáreas, que se están fijando casi en su totalidad en terrenos dedicados tradicionalmente a cultivos o a aprovechamiento para pastos ganaderos, usos que ahora están amenazados y desplazados por el avance silencioso de un mar de espejos». 

La primera consecuencia de esta «invasión de macroparques solares», dice la Opa, es que «en la práctica, se está expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos, a los que se les corta el acceso a la base principal de sus explotaciones, las tierras. Se rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales que han mantenido y cuidado el medio ambiente, además de contribuir a fijar población rural».

Además, estos proyectos «tienen un tremendo impacto ambiental que deteriora la calidad de vida tanto de los vecinos de los propios pueblos, como de los posibles demandantes del turismo rural y de interior que las administraciones dicen promover, y que busca la tranquilidad de la naturaleza, no la visión de cientos de hectáreas de placas solares», añade. A las hectáreas ocupadas por las placas «hay que sumar el despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso. Redes que, al igual que los propios parques, suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan».

Por ello, Asaja lamenta que «se desprecien los empleos que estas iniciativas hacen tambalear, vinculados a la agricultura y la ganadería, y al turismo de interior, en aras a otros trabajos muy puntuales y que casi nunca llegan a la población local, que son los que ofrece este tipo de proyectos energéticos».

La Opa asegura que tampoco se sustenta que se someta al territorio a una «burda subasta, de la misma forma que no se puede ofrecer un país a quien más puje por él», critica Asaja, que considera que los responsables políticos «no pueden pasar por alto lo que está ocurriendo, máxime cuando la mayor parte de las beneficiadas por las compensaciones están siendo entidades públicas, cuyas decisiones tienen que someterse al consenso y la protección de los intereses de todos los administrados». 

La posición de Asaja es clara: «Con carácter general, nos oponemos a estos macroparques fotovoltaicos, que suponen la expulsión del sector primario de los territorios en los que eligen implantarse, y pedimos a la Administración que aplique la normativa con rigor y no haga manga ancha para dar paso a expedientes de cambio de uso o para eludir problemas de impacto ambiental». En este sentido, la Opa recuerda que un caso específico es el de los montes de utilidad pública, espacios con una protección especial «por cuyos usos y gestión tiene velar la Junta de Castilla y León». Informes

Por todo ello Asaja Castilla y León ha pedido a los partidos políticos que «den la cara y muestren de qué lado están, si de los habitantes de los pueblos o de otros intereses. No puede ser que, por apuntarse a la moda de las energías limpias, se pase por alto esta salvaje ocupación del espacio».

Finalmente, la organización denuncia que de nuevo «es el medio rural el sacrificado para abastecer de recursos, electricidad en este caso, a las grandes ciudades». Y es que «por lo visto no se considera cubrir tejados de ciudades y polígonos industriales con placas solares, pero tenemos que creernos que inundar miles de hectáreas con espejos es progreso», critica la Opa.

En el mismo sentido se manifiesta la Unión de Pequeños Agricultores (Upa) Castilla y León, que reclama una normativa para implantar placas solares en terrenos no aprovechables para labores agrícolas. La organización ha sacado adelante una propuesta en el último Congreso Federal, celebrado hace unos días, para solicitar una normativa para implantar placas fotovoltaicas o solares en terrenos no aprovechables para labores agrícolas. «Nuestra apuesta es la de reclamar una regulación estricta que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica e incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen», propone la Opa.

Una de las más recientes movilizaciones de la Opa en este asunto la lleva a cabo Upa Zamora, que se ha movilizado para luchar contra la instalación de un parque fotovoltaico en la localidad zamorana de Cobreros. En ese pueblo ya existe todo un movimiento social contra la decisión municipal de iniciar la tramitación de un parque que afecta a 400 hectáreas de pastos comunales y humedales, pertenecientes a la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica.

«Nuestra organización no puede olvidar que España, junto al resto de los países europeos, tiene el objetivo de que en el año 2030 el 32% de la energía final consumida provenga de renovables», añade. «Y por otro lado, la realidad dice que Castilla y León ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas, por lo que deben blindarse los terrenos de cultivo frente la ansiedad privada e incluso el afán de las propias administraciones locales en muchos casos por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural, puesto que bajo nuestro punto de vista agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos». 

El «afán de búsqueda» de suelo por parte de la iniciativa privada que actualmente se extiende a prácticamente todas las Comunidades Autónomas ha llegado a ser, a juicio de Upa, un «nuevo boom de las renovables» que ha llegado al campo. Su «loable objetivo» con ambiciosos planes de energías limpias «está desatando, sin embargo, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para el propio profesional de la agricultura y ganadería». Patrimonio

Y es que Upa Castilla y León considera que el suelo productor de alimentos «es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas administraciones a establecer medidas legislativas en tal sentido». Por eso solicita tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León «que adopten medidas de apoyo, en este sentido, para las explotaciones familiares agrarias». 

Por ese motivo «apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para los agricultores y ganaderos. Todo lo demás, y por lo tanto el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables para este tipo de infraestructuras, es rechazado contundentemente por parte de Upa».

La apuesta de la organización por las energías renovables es clara, pero reclama a las administraciones «que a través de legislación se regulen la implantación de este tipo de infraestructuras en terrenos no aprovechables para uso agrícola». Además, Upa solicita tanto al Gobierno central como regional «una línea de ayudas para la instalación de infraestructuras y placas solares en zonas baldías y terrenos poco aptos para los cultivos, que sirvan para responder a las necesidades de energía de las propias explotaciones agrícolas y de las naves ganaderas».

El pasado jueves, 13 de mayo, se aprobó la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados. Un texto que, según el Gobierno central, llega en un momento «clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050». 

El objetivo de la descarbonización se persigue con el establecimiento de  objetivos de reducción de emisiones en «sectores difusos», dice el Ejecutivo central, como «la movilidad, los usos térmicos en edificios, residuos o la agricultura» que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Por otro lado, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.

España se sitúa así, entre dos y cuatro puntos por encima de la Unión Europea en el objetivo de penetración de energías renovables, fundamentalmente solar y eólica.

La ley pretende articular «una respuesta transversal del país al desafío que supone el cambio climático, basada en los principios de desarrollo sostenible, la justicia social, la protección de la salud, la mejora de la competitividad de los sectores productivos y la cooperación entre Administraciones».  Neutralidad

Según la política vallisoletana Helena Caballero, portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, esta nueva norma «es la oportunidad histórica de alcanzar ese punto de inflexión que nos pide la ciudadanía para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, y sin dejar a nadie atrás». La portavoz destacó que la norma prioriza «el desarrollo de infraestructuras verdes» para construir «una economía más sólida y una sociedad más inclusiva». 

La ley establece disposiciones que buscan la protección de la biodiversidad, la potenciación de la actividad económica y el empleo para los trabajadores y territorios «que tendrán que transitar hacia esa economía baja en carbono»; y «pone al ciudadano en la base de la lucha contra el cambio climático creando una Asamblea ciudadana del Cambio Climático y un Comité de Expertos Independiente». Por otro lado, la ley prohíbe la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y el fracking.

Unas disposiciones que, a juicio de los agentes del campo, pueden conseguir lo contrario de lo que pretenden si no se aplican con unos criterios de sostenibilidad dentro de la sostenibilidad que persiguen. 

Por provincias, atendiendo solo a los parques con potencia igual o mayor a 50 megavatios que permanecían en trámite de información pública a 31 de marzo, Burgos suma instalaciones por 595 kilovatios (unas 1.200 hectáreas), León 1.046 kilovatios (2.100 hectáreas), Palencia 600 (1.200), Salamanca 759 (1.518), Segovia 1.005 (2.010), Soria 320 (640), Valladolid 685 (1.370) y Zamora 859 kilovatios (instalados sobre más de 1.700 hectáreas). Solo Ávila se libra de tramitaciones de proyectos de grandes instalaciones en el primer trimestre del año.

Pero eso solo se refiere a los proyectos de grandes dimensiones en exposición pública. En otras fases de tramitación, del mismo tamaño, se encuentran otros 3.091 megavatios en las nueve provincias, lo que suma 8.960 kilovatios (casi 9 gigavatios) en todo el territorio. La cifra se incrementa considerablemente si se tiene en cuenta los proyectos de menos de 50 kilovatios, ya que las plantas solares más frecuentes suelen rondar una potencia total de entre 10 y 30 kilovatios.