La PAC da el primer ‘riego’ con 517 ME

Casi 60.000 agricultores de Castilla y León  comienzan a percibir desde esta semana el primer anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Se repartirán un total de 517,5 millones de euros, el 26% del total nacional de este primer pago, que asciende a casi dos mil millones (1.991.581.248 euros) para siete Comunidades Autónomas.

Las administraciones –primero la Unión Europea, luego el Gobierno Central y, por último, la Junta, desbloquearon los pagos el viernes, primer día autorizado por la Comisión Europea. Beneficiarán, en concreto, a 59.685 agricultores y ganaderos a lo largo y ancho de las nueve provincias. El abono corresponde al 70% de las ayudas directas por superficies de la PAC de 2020, un porcentaje superior a años anteriores.

La Administración autonómica prevé que en la segunda quincena de octubre se pague la totalidad de las ayudas, contando el anticipo de ayudas directas ligadas a los sectores ganaderos de vacuno de leche, vacas nodrizas y las asociadas al ovino-caprino, por un importe estimado estos últimos de en torno a 60 millones de euros. Los pagos facilitarán afrontar el inicio de las labores de la campaña de siembra de 2020 así como inyectar liquidez en el caso de las explotaciones ganaderas, algunas de ellas más afectadas por la incidencia del Covid-19 y el descenso en el consumo de los productos especialmente relacionados con el canal Horeca.

Los pagos se sucederán de tal forma que antes del día 31 de diciembre de 2020, si se cumplen las previsiones, se habrán desembolsado ya más del 90% del volumen total de las ayudas directas solicitadas. En esta campaña, los pagos autorizados por la UE suponen hasta el 70% del importe debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia, que han generado graves dificultades financieras y problemas de tesorería a los profesionales del campo.

Para efectuar el pago de las ayudas por superficies se han utilizado los datos de la primera versión de los derechos de Pago Básico correspondientes a 2020, según informó la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. A partir de ellos, la Administración ha determinado el complemento del importe en concepto de pago verde (51,59%); ayuda directa a los jóvenes agricultores (complemento del 50% del pago básico hasta las primeras 90 hectáreas [ha]); ayudas del régimen simplificado de pequeños agricultores; pagos asociados a los cultivos de: proteaginosas y leguminosas (53,46 E/ha), oleaginosas (40,29 E/ha), legumbres de calidad (65,27 E/ha) y remolacha (735,65 E/ha).

En esta campaña, a diferencia de las anteriores, no es requisito necesario el haber finalizado los controles sobre el terreno, habida cuenta de las restricciones del Covid-19 que han supuesto modificar los métodos de trabajo en los controles físicos sobre el terreno, disminuyendo al máximo posible las visitas a las explotaciones. Según la mima fuente, la adaptación de las nuevas tecnologías en todas esas gestiones ha permitido incluir, en este primer pago de las ayudas por superficies, más del 95% de los expedientes potenciales máximos.

El resto son expedientes en los que existen trámites pendientes de finalizar, especialmente los relacionados con controles administrativos por disponer de parcelas en territorios de otras comunidades autónomas o por declarar parcelas que en campañas anteriores no se habían incluido en el sistema de ayudas. Estos expedientes serán incluidos en un nuevo pago previsto para la primera quincena de noviembre.

Se incluyen en el anticipo los expedientes afectados por la incorporación de controles mediante monitorización en  una gran parte de Castilla y León, más de 1,5 millones de hectáreas y de 23.813 expedientes que han sido objeto de seguimiento y observación continua de las explotaciones agrarias con tecnología basada en imágenes de satélite Sentinel de Copérnicus, y el uso de modelos y algoritmos predictivos.     

                  

GANADERÍA

También este mismo mes de octubre se abonarán los anticipos de las ayudas asociadas a la ganadería de vacuno de carne y de leche, así como al ovino y caprino, cuyos importes unitarios se han fijado por el Fega recientemente. En relación con las ayudas agroambientales y las ayudas a las explotaciones en zonas de montaña, financiadas por el Feader, y solicitadas en 2020, la previsión es efectuar pagos de los anticipos de hasta el 85% del importe, conforme a la autorización efectuada por la Comisión, en esta quincena del mes de octubre, por un importe aproximado cercano a los 30 millones de euros.

En el total nacional, el primer anticipo de las ayudas directas de la PAC supera esos 1.991 millones de euros ya mencionados, pero el total de los anticipos, antes del 31 de diciembre, alcanzará los 3.420 millones de euros para beneficiar a 680.000 agricultores y ganaderos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), ha adelantado a las Comunidades Autónomas las cantidades para afrontar los pagos, según informó la Administración central.

En marzo, España solicitó, con el apoyo de otros Estados miembros, elevar el anticipo de los pagos directos de la PAC del 50 al 70% para dotar de mayor liquidez y asegurar la viabilidad de las explotaciones en un momento difícil como el actual. Estos anticipos permiten un adelanto de las ayudas directas hasta el 30 de noviembre de esos 3.420 millones, sobre un total de los 4.954 millones que se prevé abonar en la campaña 2020.

Además de Castilla y León, otras seis Comunidades Autónomas han solicitado ya al Fega los fondos para comenzar a realizar los pagos desde el pasado viernes: Andalucía, con un montante total de 852.050.249 euros; Castilla-La Mancha, con 351.923.279; Extremadura, con 162.678.703; Murcia, con 22.282.594; Navarra, con 53.908.285 y la Comunidad Valenciana, con 31.247.165 euros. El resto de los pagos directos de la campaña 2020 de la PAC se abonarán a partir del 1 de diciembre.

En esta campaña 2020 se podrán abonar anticipos para los siguientes regímenes de ayuda: régimen de pago básico; pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (‘pago verde’); pago para jóvenes agricultores; ayuda asociada al cultivo del arroz; ayuda asociada a los cultivos proteicos; ayuda asociada a los frutos de cáscara y las algarrobas y la ayuda asociada a las legumbres de calidad.

Asimismo, se podrán abonar anticipos de la ayuda asociada a la remolacha azucarera; al tomate para industria; a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas; a las explotaciones de vacuno de leche; a las explotaciones de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014; a las explotaciones de ovino; a las explotaciones de caprino; para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y el pago del régimen simplificado para pequeños agricultores.

El anticipo de las ayudas de la PAC y el proceso de negociación del nuevo periodo de la Política Agraria Común 2021-2027 en la UE, han propiciado que las Organizaciones Profesionales Agrarias hayan sacado de nuevo a la palestra sus reivindicaciones. Unas reivindicaciones que también plantearon en el último Consejo Agrario celebrado hace pocos días.

Tanto Asaja, como la Alianza UPA-Coag como la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reivindican a las Administraciones que luchen por allegar el mayor número de fondos posible.

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, aboga por «el entendimiento y el acuerdo» de las Opas y la Administración autonómica en la defensa de la PAC 2021-2027, con el objetivo de que «sea beneficiosa para Castilla y León» y «se pongan los mimbres para defender una agricultura productiva y profesional», aseguró en declaraciones que recogió Ical, en la que la región «ya está cumpliendo las condiciones medioambientales exigidas por la UE». 

A juicio de Dujo, la «diferenciación clara» que Castilla y León puede tener con el resto de España es el desarrollo de «un pacto común para defendernos en contra de los intereses que puedan tener otras comunidades». Aunque insiste en la necesidad de defender a todos los sectores, recuerda que la Comunidad es «una potencia en cereales, en vacuno o en ovino», que son los grandes cultivos y «donde está el dinero de la PAC». Por eso, insistió en la necesidad de centrarse para que tanto los pagos asociados como los ecoesquemas vayan a esos sectores «para atraer los mayores fondos posibles de este plan estratégico para Castilla y León». 

PROFESIONALIZACIÓN 

Según el presidente de Asaja, es necesario defender el modelo de agricultura de Castilla y León donde «la profesionalización del sector es mucho mayor que la de otras comunidades», asegura.Y es que «nuestro modelo profesional tiene que defenderse con la figura del agricultor genuino». 

Un criterio que comparte el coordinador de la Alianza UPA-Coag, Aurelio González, que apunta que ante este «cambio de rumbo» en la PAC es necesario que los agricultores de Castilla y León «salgan beneficiados». En esta línea, pide respaldar la figura del ‘agricultor genuino plus’, que es aquel que tiene más del 50% de ingresos agrícolas y cotiza a la Seguridad Social. 

González reivindica además los valores de la agricultura y la ganadería de carácter familiar como los «idóneos» para que cuestiones como la reciente Ley de Cadena Alimentaria, la PAC o la polémica estrategia europea ‘De la Granja a la Mesa’ sean defendidas por Castilla y León y por las administraciones «al más alto nivel».

Por su parte el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, pone de manifiesto los «avances importantes» que recoge el nuevo documento de la PAC propuesto por la UE y recuerda que el ministro Luis Planas acotó la renta del agricultor genuino a la de aquel que oscila entre el 20 y el 30% de ingresos agrarios. «Satisfacción porque es un criterio que compartimos», aseveró. 

Sin embargo, apostilló que ese hecho va a dejar «fuera» algunas solicitudes de la PAC porque «no entran en ese criterio», pero incidió en que el documento es «muy complejo» y «no se puede cambiar la norma para excluir a la gente que no vive de la agricultura».

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también se negocian en el marco europeo, UCCL solicita orientar la PAC al cumplimiento de esos objetivos pero «con más recursos». De esta manera «el sector agrario podrá afrontar la transición ecológica y climática necesaria para alcanzarlos, pero asegurando una mejora en los ingresos de los agricultores y ganaderos». Y es que «estamos reformando la PAC, pero no podemos fiarlo todo a esta política», señala la Opa.