Los límites en las cuadrillas por el Covid «ponen en riesgo la recogida»

La Junta de Castilla y León aprobó , en el último Consejo de Gobierno, una batería de medidas sanitarias en prevención del Covid-19 destinadas específicamente a los temporeros de la actividad agraria. Los profesionales del sector se quejan, primero, de que sean medidas que sólo se imponen a los temporeros, y no al resto de trabajadores de la actividad y, segundo, que los límites impuestos pueden poner en peligro las labores del campo. 

El principal escollo está en la limitación del número de operarios en las cuadrillas, que podrán estar compuestas, como mucho, por diez trabajadores. Así, la primera Organización Profesional Agraria (Opa) en salir al paso de la normativa fue el pasado viernes la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que denunció que el ‘Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria’ puesto en marcha por la Junta «se ha hecho sin contar con el sector».

Y es que «los más interesados» en que no se produzcan brotes de coronavirus asociados a la actividad de los temporeros en el campo, aseguró Palacín, «somos los propios agricultores, y para ello adoptamos las medidas necesarias que garanticen la salubridad de nuestros trabajadores, entre ellas distancia de seguridad, mascarillas e hidrogeles, entre otros».

MUCHA PRISA

Sin embargo, la Junta de Castilla y León , «de modo precipitado y sin contar con los representantes del sector» ha adoptado una serie de medidas «de difícil justificación y que pueden poner en riesgo campañas como la recogida de patata o la vendimia», apuntó.

«¿Qué sentido tiene la limitación de las cuadrillas a 10 personas ? ¿Cómo piensa la Administración autonómica que va a realizarse la cosecha en verde en un plazo obligatorio de 10 días? Estos temporeros realizan su trabajo al aire libre y guardan las distancias de seguridad necesarias», añadió.

A juicio de la Opa , resulta «sorprendente» que el acuerdo únicamente establezca limitaciones para los trabajadores de temporada «y no para cualquier otro sector», y que además «se haya adoptado sin una mínima consulta a quienes deben aplicar las medidas». 

Desde Unión de Campesinos propusieron que, escuchando al sector, «se modifique de forma urgente el acuerdo para adaptarlo a la realidad productiva, y  con la adopción de todas las medidas higiénicas necesarias, no se impida ni limite la actividad agraria calificada como sector esencial y estratégico», concluyó la Opa. 

La Junta de Castilla y León estipuló, en ese acuerdo del pasado jueves, «abordar la actividad agraria, teniendo en cuenta que en dichas tareas es necesaria, en determinadas épocas del año, la participación de trabajadores procedentes, en ocasiones de zonas próximas al lugar del trabajo y, en otras, por personas inmigrantes».

La movilidad es, por tanto, «característica en este sector», apuntó la Administración autonómica, «lo que unido a las condiciones especiales que presenta el trabajo a desarrollar, exigen la adopción de medidas que garanticen, en todo lo posible, su seguridad y, en consecuencia, la de toda la población».

Entre las principales medidas se encuentra la del cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal «de, al menos, 1,5 metros y con el uso de mascarilla durante su actividad», en los términos establecidos en el Plan (con la excepción general de si la actividad es al aire libre, fuera de núcleos de población).

Si la persona empleadora facilita el alojamiento , «éste contará con las medidas higiénicas básicas, incluyendo agua corriente, fría y caliente, cocina, aseo y también deberá disponer de dependencias que permitan el aislamiento de enfermos o cuarentena de sospechosos o contactos si así se precisase».

No compartir

Los trabajadores de temporada han de evitar, según el Plan de medidas , en la medida de lo posible, el uso de equipos y dispositivos que hayan sido utilizados en la jornada de trabajo por otro trabajador, «salvo que estén desinfectados; en caso contrario es recomendable lavarse las manos con agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes antes y después de cada utilización».

Por su parte, los empleadores , sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral, «deberán adaptar las condiciones de trabajo y la ordenación de puestos de trabajo y de turnos y descansos, así como el uso de los lugares comunes, de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores y el uso obligatorio de mascarilla (con la excepción anteriormente indicada)».

Y aquí llega uno de los principales problemas según el acuerdo: «Cuando trabajen a la vez más de diez personas han de establecerse grupos o cuadrillas estables de diez o menos trabajadores , de manera que se garantice el distanciamiento permanente entre personas de distintos grupos, no debiéndose reducir la distancia de 1,5 metros ni aun usando mascarilla y evitando en todo caso el intercambio de trabajadores entre grupos».

Para la constitución de estos grupos se deberá considerar, además de aspectos organizativos de trabajo , «los desplazamientos y el lugar de alojamiento», de manera que si la persona empleadora transporta a los trabajadores al lugar del trabajo, ha de tener en cuenta que si el vehículo tiene hasta nueve plazas, deberán hacer uso de mascarillas todos los ocupantes y podrán desplazarse dos personas por cada dos filas de asientos, guardándose la máxima distancia posible entre sus ocupantes. 

Otras disposiciones regulan el equipamiento que deben tener los aseos; la prohibición de sistemas de reparto de agua compartida; la desinfección de equipos y el control de acceso a los centros de trabajo, «evitando las visitas de personas y empresas externas». Los titulares de explotaciones agrarias que contraten o subcontraten con empresas de servicios o de trabajo temporal «deberán vigilar que las mismas cumplen todas las disposiciones anteriores y serán corresponsables de su inobservancia», concluye la norma.